> El 30% de los hogares más pobres tiene un ingreso total familiar de $3.585 mensuales y un tamaño medio de 4,3 miembros por hogar.
> El 40% de los hogares de nivel medio de ingresos tiene un ingreso total familiar de $6.358 mensuales y un tamaño medio de 3,0 miembros por hogar.
> El 30% de los hogares de mayor nivel de ingresos tiene un ingreso total familiar de $12.829 y un tamaño medio de 2,3 miembros por hogar.
Es decir, el ingreso familiar total del 30% de los hogares más ricos es 3,6 veces más alto que el del 30% de los más pobres. Pero cuando se mide en términos per cápita (para reflejar de manera más fidedigna el bienestar de cada persona), la brecha se amplía a casi 6,7 veces. Así, la desigualdad se explica por diferencias en los ingresos individuales, pero también porque el tamaño medio de las familias pobres casi duplica al tamaño de los hogares de mayor nivel de ingresos.
Entre los hogares más pobres, la proporción de personas activas que trabajan es más baja y la cantidad de hijos es mayor. Según información extraída de la encuesta de hogares del INDEC, entre el 30% de los hogares más pobres sólo el 40% de los cónyuges trabaja y el 65% tiene hijos. En cambio, entre el 30% de las familias de mayores ingresos, el 70% de los cónyuges trabaja y sólo el 22% tiene hijos. Estas disparidades se potencian con los bajos ingresos que obtienen los hogares más pobres por sus menores niveles de educación.
Para avanzar hacia una sociedad más igualitaria es imprescindible considerar estos fenómenos en el diseño y gestión de las políticas públicas. Por ejemplo, en otros países de la región, con programas similares a la Asignación Universal por Hijo, se priorizan los estímulos a la inversión en capital humano entre las familias más pobres. En la Argentina, por el contrario, se prioriza el asistencialismo. La Asignación Universal tiene nulo incentivo a la superación escolar de los niños y carece de intervenciones complementarias (como, por ejemplo, la inducción a la inserción laboral de las madres y su educación sexual reproductiva). De esta forma, la Asignación Universal potencia las desigualdades ya que opera como un factor de inducción a la natalidad entre los más pobres.
La obsolescencia de las instituciones laborales incide en igual dirección. La tendencia a "sacralizar" el contrato de trabajo a jornada completa y con altos costos impositivos, administrativos y legales discrimina a las mujeres con menores niveles de educación. Ante la presión que implican las tareas domésticas, se les complica ocupar empleos a jornada completa. Por sus bajos niveles de calificación son muy bajas las posibilidades de que consigan un empleo que cumpla con todas las formalidades que obliga la ley.
La mala calidad de las políticas públicas tiene alta responsabilidad en la perpetuación de la desigualdad. Para cambiar esta realidad se necesitan reformas modernizadoras que apunten a acortar las brechas en los ingresos de las personas, pero también que contengan estrategias de cambio en la demografía de las familias.
