En el mismo pleito, la Corte de Apelaciones avaló la interpretación de dicho magistrado de que el país violó el pari passu (tratamiento igualitario) y el pago a los holdouts, si bien rechazó la fórmula de pago propuesta de que cobren el 100% a costa de quienes ingresaron en los canjes de deuda.
Para Cosentino, "lo que se ha planteado no es un nuevo canje sino el procedimiento que debería seguir la Argentina si la Cámara falla bajo el principio de equidad", dijo, sobre un eventual desenlace del juicio.
Además, el gobierno mantiene el pedido en paralelo para una revisión "en banc" del fallo completo, con todos los jueces del Tribunal. "Si la Cámara sostiene que se debe pagar igual que a los bonistas, bajo esa hipótesis, el Ejecutivo enviaría una Ley al Congreso", sostuvo el funcionario en declaraciones a 'Télam'.
De acuerdo con el cronograma fijado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, a la presentación de la República Argentina le sigue ahora el plazo del 4 de enero en el que finalizarán la presentaciones de terceros y amicus curiae (documento de "amigos del tribunal").
Finalmente, Cosentino recordó que aún están pendientes los pedidos del gobierno argentino de reconsideración y revisión en pleno por todos los jueces que integran la Cámara de Apelaciones, que son apoyados por el gobierno de USA, tal como fue la presentación realizada por el gobierno de Barack Obama.
Cabe recordar que la decisión de reabrir el canje provocó controversias en el seno del Gobierno. Hasta hace dos meses, la presidente Cristina Fernández insistía en no pagar ni un solo peso, lo que motivó el encono de Griesa. Finalmente, el ministro Hernán Lorenzino y Cosentino instalaron una postura menos intransigente.
Y, en efecto, el Gobierno no encontraría obstáculos en el Congreso para reabrir el canje de deuda.
El trámite, que deberá pasar por el Congreso para que diputados y senadores aprueben otra suspensión de la Ley Cerrojo, tiene el camino despejado no solo por el control que las mayorías kirchneristas ejercen sobre las dos Cámaras, sino también porque los principales bloques opositores adelantaron su respaldo a la iniciativa, siempre que se respete la premisa de que los holdouts no pueden recibir mejores condiciones que los bonistas que entraron al canje en 2005 y 2009.
Si bien el proceso se está desarrollando durante el receso legislativo, según 'El Cronista', lo más probable es que el Ejecutivo no necesite convocar a sesiones extraordinarias para aprobar la iniciativa. La Cámara de Apelaciones estadounidense recién tomará una decisión en torno a la deuda el 27 de febrero; es decir, dos días antes de que se reanuden las sesiones ordinarias en el Parlamento.
La UCR, que tiene las primeras minorías en Diputados y el Senado, adelantó su intención de acompañar la modificación de la norma que en 2005 clausuró cualquier posibilidad de reabrir el canje de la deuda en default y que el Congreso suspendió por un año en noviembre de 2009 para que el Gobierno negocie con los bonistas que no aceptaron la propuesta en su momento. También el socialismo se manifestó de acuerdo. Solo el PRO y sectores del Peronismo Federal expresaron algunos reparos, aunque no adelantaron una postura definitiva.
El kirchnerismo, de todas formas, podría sancionar la iniciativa apoyándose solo en sus mayorías, que le alcanzan en ambas Cámaras.
En las últimas horas, el senador radical Ernesto Sanz consideró una decisión inteligente la oferta argentina para reabrir el canje aunque advirtió que no se debe pagar ni un centavo más que lo que se les pagó a los bonistas que ingresaron.
"Cuando llegue al Congreso, en la medida en que la reapertura del canje en idénticas condiciones con los bonistas originales, no tendríamos problema en acompañarlo", expresó el mendocino, que consideró que la realidad le ganó a las bravuconadas, luego de que el kirchnerismo asegurara que no les pagaría a los fondos buitre.
En sintonía, el socialista Juan Carlos Zabalza consideró que la oferta del Ejecutivo es una salida racional.
La diferencia la marcó el economista del PRO Carlos Melconian, quien advirtió que resta conocer la voz del resto de los protagonistas para saber si fue una buena decisión. La más relevante es la del que ganó el juicio, pero también el banco pagador y algunos terceros que ya habían aceptado la propuesta deben opinar.
# El sondea a los bonistas ante un eventual nuevo canje
Según el diario 'Ambito Financiero', el Gobierno de Cristina Fernández haría hasta febrero un sondeo con algunos bancos de inversión para conocer cuál sería el interés real de parte de los holdouts para acceder a un nuevo canje de deuda, en las mismas condiciones de 2010; llamado al que no ingresaron.
Las tres entidades a contactar serían el Deutsche Bank, el Citibank y Barclays, las mismas que en su momento llevaron al Gobierno la propuesta de reabrir el canje cerrado en 2006, al garantizarle al Ejecutivo que conseguiría sumar no menos de 10.000 millones, meta que consiguieron, llevando el resultado final del llamado a un 92,4% de aceptación de la reestructuración de la deuda argentina contra un 75% que se había logrado en el primer canje.
Se sabe en el Ministerio de Economía que ahora la situación es diferente y que estas entidades, más otras de similar característica que operan en el sistema financiero internacional, no tienen entre sus clientes tenedores de bonos argentinos aún en default o en su cartera particular. Más bien habría que ir a buscar estos holdouts en dos grupos bien diferenciados: el que componen los particulares y el de los fondos buitre.
Los casi US$6.000 millones en total que se estima quedaron fuera de los dos canjes de deuda, se dividirían en unos US$1.500 o 2.000 millones en particulares, y otros 3.000 a 4.000 millones de dólares en poder de los diferentes fondos buitre, comenzando por el NML Elliott, el Aurelius, el Olifant, el ACP Master y el NM Ltd de Kenneth Dart, entre otros. Se descarta que éstos no ingresarán a ningún llamado y que continuarán litigando en todos los tribunales posibles. Lo que se busca es que parte de los otros bonistas sí considere ingresar en el llamado y lograr no menos de 1.000 millones de dólares más y superar la meta psicológica del 95% de aceptación de la reestructuración de la deuda argentina.
Continúa el matutino explicando que si los sondeos son positivos en este sentido, luego el Ministerio de Economía habilitará a los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton a avanzar sobre la Cámara de Representantes, para asegurarles a los jueces del tribunal, antes del 27 de febrero, que efectivamente la Argentina está en condiciones de una reapertura del canje y que si se habilita esta posibilidad, el llamado puede ser exitoso ya que hay garantías de aceptación de parte de los holdouts.
La tarea de sondear la situación de los tenedores de estos entre u$s 1.500 o 2.000 millones no es fácil. No sólo son tenedores de títulos públicos en default que no aceptaron los dos llamados anteriores, sino que además sólo queda menos de dos meses para completar el proceso y enviar algún tipo de respuesta al Ministerio de Economía.
Habría además, otros interesados en sumarse a los sondeos de inversores aún en default con la Argentina. El fondo Fintech, del mexicano David Martínez, exbuitre hoy aliado al Gobierno de Cristina, les aseguró a funcionarios argentinos que está dispuesto a hacer un sondeo, y que incluso podría adquirir bonos de los inversores que quisieran desprenderse de estos papeles. Por supuesto, la intención no es tan generosa como suena, asino que en realidad estaría ligada a otros negocios que la firma del excéntrico mexicano quiere encarar en el país.
Fintech además tiene intereses particulares para que la Argentina gane la pulseada contra los fondos buitre en los tribunales de Nueva York. Martínez mantiene una sórdida disputa de casi siete años con Paul Singer, el dueño del fondo buitre Elliott, por cuestiones casi personales y ligadas a inversiones cruzadas que ambos se disputan en USA y México. El mexicano tiene un aliado en esta batalla: el también exfondo buitre para la Argentina Gramercy, del millonario norteamericano Robert Koniesberguer. Gramercy y Fintech fueron los dos fondos de inversión que voluntariamente presentaron escritos ante la Cámara de Apelaciones para que se acepte la propuesta del Gobierno argentino.
