El nexo a partir del cual fue urdida la estafa fue la abogada Cecilia Casas, una funcionaria con estrechos vínculos con Guillermo Moreno que dirige Asupra (Asociación de Usuarios y Consumidores de la República Argentina). Entre sus antecedentes más significativos, fue nombrada al frente de la Comisión Nacional de Alimentos por el secretario de Comercio Interior, y en 2011, fue la encargada de presentar un amparo contra Cablevisión. Pese a su cercanía con la alta política, dirigentes del propio kirchnerismo apuntan contra ella, como Elena Chieno, diputada del FPV por Monte Caseros, quien la caracteriza como una “fabuladora” porque le prometió “el oro y el moro a la gente”.
"Teniendo como antecedente otros procesos de investigación, casi "sumarios", que ha instado la Subsecretaría contra entidades que integran el Registro por hechos que de ningún modo se alejan del cumplimiento de lo prescripto por la Ley de Defensa del Consumidor, consideramos imprescindible que se abra la investigación sobre el comportamiento legal y ético de la nueva entidad toda vez que el movimiento de consumidores trabaja en forma mancomunada desde hace casi 20 años sin ningún tipo de cuestionamiento por corrupción", sostuvo Blanco Muiño.
"Dejar pasar el accionar de la nueva asociación, generará en precedente dañino para el resto de las asociaciones de consumidores, para el Registro Nacional y para la propia Subsecretaría, como autoridad de aplicación de la Ley", finalizó.
