“Si el resultado del proceso de apelación fuera una confirmación de la orden del juez Griesa eso removería la mayoría de las trabas en los casos de mis clientes ya que ellos también están alcanzados por la cláusula pari passu. No tendrían que presentar nuevas demandas pero las chances de prevalecer con los juicios acuales se incrementaría sustancialmente”, explica Costantini, cuyos representados suman reclamos por poco menos de u$s 200 millones.
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“No es cierto que los bonistas del canje sean rehenes en esta situación”, asegura en relación a los grandes fondos que hoy argumentan ser víctimas de la estrategia terrorista del juez. Ayer, sin ir más lejos, la Corte de Apelaciones decidió admitirlos como partes activas.
“Ellos sabían que su arreglo estaba sujeto al desafío de los holdouts. Y estuvieron conscientes de este desafío particular desde hace más de un año pero no dijeron nada hasta hace dos semanas atrás. Además, la decisión de la Corte contempla que ellos reciban su pago. Pero si la Argentina decide desobedecer, estarán en la misma posición que nuestros clientes, que son víctimas inocentes del rechazo de la Argentina de aceptar un fallo de una jurisdicción que aceptó”, apunta Costantini.
Este miércoles (28/11) a la noche la Corte de Apelaciones de Nueva York suspendió la orden del juez Thomas Griesa que obligaba a la Argentina a pagarle 1.330 millones de dólares a los holdouts y en consecuencia podrá cancelar las próximas obligaciones, sin riesgo de embargo.
La Cámara resolvió esta medida hasta tanto se expida sobre la cuestión de fondo y estableció un cronograma de presentaciones con fecha límite el 27 de febrero.
