Al mismo tiempo, el gobierno nacional se negó en todos estos años a aceptar las sentencias desfavorables del CIADI. Ignoró, además, olímpicamente, las deudas contraídas con el Club de París —a pesar de las quejas reiteradas de Alemania— y llegó al extremo, con el beneplácito del presidente de la Nación, de montar en la ciudad de Mar del Plata una contracumbre enderezada a hacerle ver a George Bush que, en estas tierras, los “gringos imperialistas” no son bienvenidos.
Como tamaños desafíos al tinglado de instituciones internacionales no tuvieron las consecuencias desagradables que muchos imaginaban, los Kirchner terminaron de convencerse de
que el libreto ensayado en el país con éxito era susceptible de ser exportado sin que hubiese razones de peso para preocuparse.
Después de todo, nadie se había animado a tanto en el concierto de naciones sin sufrir castigos de consideración por efecto de su conducta violatoria de las normas de convivencia vigentes entre los países civilizados.
Cuando Néstor Kirchner incurrió en tamañas inconductas en punto a la obediencia que le debía a leyes que no estaba dispuesto a respetar ni a compromisos que la Argentina debía honrar, no fueron pocos los expertos que vaticinaron una reprimenda que nuestro país no olvidaría fácilmente. Pero nada de eso ocurrió.
El político patagónico se mofó de su par norteamericano y de los fallos del CIADI como si nada. Razones existen, por tanto, para que Cristina Fernández —formada en esa escuela y ella misma celosa custodia de las enseñanzas que recibió de su marido— haya considerado que, al final del día, al juez neoyorkino Thomas Griesa se lo podía tratar como a Norberto Oyarbide.
Habituada a salirse con la suya en cuanta oportunidad creyó necesario desafiar al planeta, la señora pensó que el default era cosa del pasado, que los holdouts se cansarían de reclamar en vano y que la justicia norteamericana terminaría dándose cuenta de que no era pertinente reabrir un caso cerrado.
Nueve años de ejercicio hegemónico del poder, en los cuales el matrimonio hizo de su voluntad la ley suprema, empañaron su visión de las cosas. Quien no ha sufrido nunca
derrotas de consideración es muy difícil que, en su omnipotencia, le haga un lugarcito a la idea de un traspié. Si ignoraron a Bush, al Club de París y al CIADI, por qué suponer que iban a retroceder delante de un tal Griesa.
Para entender el berenjenal en que nos hemos metido es menester tomar en serio estas consideraciones elementales. En el manual del kirchnerismo básico el mundo se divide entre los buenos y los malos. Así de simple. Hasta pocos meses atrás Griesa seguramente hubiera sido considerado un juez probo y realista en razón de las decisiones que había tomado favorables —según el gobierno— a los intereses argentinos.
De repente, todo ha cambiado y el anciano magistrado estadounidense ha pasado a revistar en el bando de los enemigos del modelo. Lo único que le faltaba decir en público a los K de Griesa lo expresó de manera tronitonante, el fin de semana, Abal Medina.
Ahora bien, el problema es que la comparación de Griesa con Oyarbide o cualquiera de los jueces federales que obran como dóciles instrumentos del Poder Ejecutivo, resulta disparatada por donde se la mire y analice. Es que seria inimaginable intentar siquiera, en el país del norte, poner en práctica los instrumentos extorsivos o de presión que el kirchnerismo maneja aquí como un artista consumado. Piénsese sólo en este ejemplo, que se halla a la orden del día: en los últimos dos meses el gobierno diezmó sin contemplaciones un fuero judicial casi en su totalidad.
Desde que el 12 de septiembre el juez Raúl Tettamanti se mostró dispuesto a fijar posición sobre la constitucionalidad o no del artículo 162 de la ley de Medios, hasta hoy, diez magistrados en lo Civil y Comercial Federal fueron radiados mediando —de parte del ministro de Justicia y de la Casa Rosada— ataques mediáticos sin cuento, recusaciones indiscriminadas y denuncias espurias que ninguno de ellos fue capaz de soportar.
En los Estados Unidos por la décima parte de una injerencia así —de un poder sobre otro— la crisis institucional que se desataría pondría en tela de juicio la continuidad de los
responsables de semejante política, así fuese el mismísimo presidente de la Nación. Por eso, entre otros motivos, Griesa no es un viejito gagá al que se pueda ignorar con soberano desprecio. Es cierto que cabe apelar su fallo —cuyo núcleo duro parece excesivo— y ése es el camino elegido por el kirchnerismo.
Pero es difícil que, llegados a esta instancia, la Cámara de Apelaciones o eventualmente la Corte Suprema norteamericana pasen por alto lo que a Griesa parece —a tenor de sus preguntas a la defensa argentina y del texto de su fallo— haberle no sólo llamado la atención sino disgustado profundamente: la soberbia de la presidente argentina de anunciar, a
quien quisiera escucharla, que los holdouts estaban fuera de la discusión y que ése no era un compromiso que la Argentina debía cumplir.
El tachín, tachín de la soberanía y el discurso levantado desde 2004 por el marido patagónico y la mujer platense pudo tener y es posible que aun tenga un ascendiente sobre sectores
extendidos de la población, aunque resulta inservible cuando se hace necesario defender con argumentos serios nuestros derechos en una corte estadounidense.
Griesa le pidió a la administración de Cristina Fernández que le presentase un plan de pago a los bonistas que no habían querido ser parte del canje. Correspondía a nuestro país imaginar una salida decorosa en ese orden, pero en vez de aguzar el ingenio el gobierno dio rienda suelta a su arrogancia. De eso no se vuelve. Porque aun en el caso de que la Cámara o la Corte —si aceptara el caso— le enmendaran la plana a Griesa —en virtud de las dificultades a las que se enfrentaría cualquiera nueva refinanciación de deuda si el fallo del juez neoyorkino se aplicase al pie de la letra— nadie imagina que le den toda la razón a la Argentina.
Mucho se habla de la apelación pero, bien entendidas las cosas, el resultado más beneficioso para nosotros sería que —ya sea el pleno de la Cámara, la Corte Suprema de Nueva
York o la Corte Federal— establecieran que pari passu quiere decir que los 'holdouts' cobrarán como los 'holdins'. No parece haber otro escenario mejor para los K. Aunque el inconveniente que arrastraría una solución de este tipo es cómo podría Cristina Fernández desandar, salvando la cara, el discurso vitriólico inaugurado en 2004 por su marido y repetido por ella hasta el cansancio respecto de los fondos buitre y de los holdouts.
El día D para saber a qué atenerse, por los tiempos fijados a instancias de la justicia americana, sería entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. La única opción seria que tienen Cristina Fernández y Lorenzino es depositar en garantía unos U$ 1300 millones y rezar.
