Según dijeron fuentes ligadas a uno de los grupos de bonistas beneficiados por el fallo al diario 'La Nación' en la reunión, confirmada anoche, puede definirse o no la posición final del juez respecto de la fórmula de pago y de la responsabilidad de los bancos que pagan los bonos.
Los letrados que defienden al país manifestarán ante el juez que el dictamen de la Cámara está "en suspenso". Además, sostendrán que se falló en "abstracto" sin beneficiar a un grupo en particular, por lo que confían que Griesa mantendrá ese criterio.
Por el contrario, el abogado del fondo NML-Elliot, Roger Cohen, presentó un escrito a Griesa donde aseguran que la sentencia ya tiene efecto pleno y que el Gobierno sólo está tratando de dilatarla.
Cohen sugirió que "la Argentina está en el proceso de tratar de emplear y explotar todas las tácticas de demora necesarias para evadir a esta Corte".
Por esta razón le pidió que resuelva el pago a los acreedores cuanto antes, con el criterio de pago del 100% que reclaman y no con la misma quita que sufrieron los bonistas que ingresaron en los canjes para salir del default de 2005 y 2010. Abogados de Wall Street y representantes del gobierno norteamericano consideraron que no se puede reconocer esta pretensión porque se boicotearía cualquier proceso de reestructuración de deuda de otros países.
La segunda cuestión que pidió NML es que "adopte una orden" por la que quede claro que, con el fallo de la cámara, la orden de "tratamiento de iguales ahora pesa sobre la Argentina, sus agentes y aquellos que actúen en función" del pago de la deuda regularizada. Al respecto, en el Gobierno confían en que, una vez que Griesa fije su criterio -ya sea mañana o en las próximas semanas- podrán desplegar sus argumentos para apelar el fallo de segunda instancia.
El Ministerio de Economía se guardará esta carta hasta no tener en claro la "letra chica" que la cámara dejó para que Griesa la aclare.
La mayoría de los informes de los analistas de Wall Street reflejan que a la Argentina le será muy difícil eludir la orden de la cámara, que ordenó el pago de US$ 1333 millones, porque no sólo involucra al Gobierno, sino también al Bank of New York -agente de pago oficial en USA- y a los abogados de Cleary. "Si alguno de ellos ayuda al Gobierno a tratar de no cumplir con este fallo podría ser tratado como cómplice de un crimen", dijo un abogado con acceso al expediente.
