A pesar de reconocer que los arbitrajes no siempre proporcionan una respuesta efectiva ante los incumplimientos de terceros países, Brufau aseguró que la demanda ante el Ciadi se presentará "cuando sea oportuno y nos protejan las circunstancias". En este contexto, insistió en que la seguridad jurídica es un requisito fundamental en las inversiones extranjeras y que hoy más que nunca constituye la "espina dorsal" del principio de confianza sobre el que se asientan las decisiones de inversión.
Con respecto a la postura del Gobierno español, ha reconocido que hizo todo lo posible para proteger las inversiones españolas en Argentina. También se mostró de acuerdo con que el Ejecutivo haya quitado ahora las limitaciones a la importación de biodiésel argentino a fin de no perjudicar a los argentinos "de buena fe".
El ejecutivo de Repsol reiteró que la "confiscación" de YPF fue inconstitucional porque viola la propiedad privada, la garantía constitucional de igualdad. Embistió, a la vez, que no carece de interés público ya que sólo se expropiaron acciones de un único accionista en una empresa determinada del sector de hidrocarburos.
Asimismo, consideró ilegal la toma de posesión de la petrolera ya que vulnera el requisito de indemnización ante una "desposesión" que tiene voluntad de permanencia. Por ello, agradeció la actitud del Gobierno español, de las instituciones europeas e internacionales y de los países que han criticado la actitud de argentina y ha animado a "todo el mundo" a invertir en Latinoamérica pero no en la Argentina.
Por otro lado, Brufau indicó que la comunidad internacional debe asegurar la prevalencia del Derecho y de un clima propicio a la inversión que dé una respuesta global. En esa línea, pidió que los Estados que nieguen la seguridad jurídica sean excluidos de las ventajas que aporta la pertenencia en organismos internacionales. Señaló también que la empresa ha aprendido a no tener un excesivo peso en un determinado país.
El 16 de abril pasado, la presidente Cristina Fernández declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) perteneciente a Repsol. El 3 de mayo la expropiación fue aprobada por el Parlamento. El 15 de mayo, la petrolera envió una carta a Cristina en la que declaró la existencia de una controversia en la nacionalización del 51% de YPF, con lo que dio el primer paso para llevar el caso a un arbitraje internacional.
La compañía considera que la actuación del Gobierno argentino vulnera el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones y que esta controversia debe dirimirse ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
A partir de ese momento se abrió un plazo de seis meses -vencerá en noviembre- para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el Ciadi.
