Cabe recordar que a fines de agosto, México lanzó su primera disputa contra la Argentina siguiendo denuncias similares formuladas por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón (ver notas relacionadas).
Las quejas se centran en las normas argentinas de licencias comerciales, que sus críticos dicen equivalen a una restricción general de las importaciones, aunque el impacto mayor es en materia de autos.
El acuerdo original de ambos países en materia automotriz se negoció entre el 2001 y el 2002, que funcionó con cupos hasta 2006 cuando arrancó el libre comercio. Argentina decidió luego cancelar el acuerdo, debido a la negativa de México de renegociar el contrato.
En su queja presentada en agosto pasado, el país azteca alega que estas medidas "restringen las importaciones de bienes y discriminan entre productos nacionales e importados". Asimismo, México considera que estas imposiciones "no parecen guardar relación alguna con la aplicación de ninguna medida justificada por acuerdos de la OMC".
El empeoramiento de las relaciones comerciales entre los dos países latinoamericanos sigue la decisión de Argentina de retirarse de un acuerdo comercial automotriz hace dos meses. El reclamo de México apunta a resolver la suspensión del pacto de comercio automotriz que la Argentina canceló de manera unilateral por el rechazo de México a renegociar el acuerdo. El gobierno argentino reclamó en reiteradas oportunidades una mayor integración local para lograr mayor equidad en el comercio, pero al no obtener respuesta optó por darlo de baja. Esta decisión generó un gran malestar en México y ello impulsó a presentar la demanda ante la OMC.
La inclusión de México en el caso de la OMC, que tiene un número inusualmente elevado de denunciantes, puede socavar los argumentos de la Argentina de que sus críticos son los países ricos que están tratando de frenar a los países en vías de desarrollo.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Economía mexicana dijo entonces que si las consultas no se celebraban dentro de un período de 30 días y si la disputa no se resolvía dentro de los 60 días, podía solicitar el establecimiento de un panel de la OMC para que se pronuncie al respecto y resuelva la controversia.
