Así, el Gobierno tendría también la posibilidad de meter una cuña entre el comprador y el vendedor con el fin de transparentar una actividad donde la evasión y las maniobras sospechosas como la subfacturación son frecuentes.
La idea es que cuando se realice la venta de un inmueble, al intervenir una entidad pública, su precio quede establecido en pesos al valor del dólar oficial o, en el caso de hacerse en dólares billete, éstos deberán estar declarados ante la AFIP.
La implementación de la medida que estudia el Gobierno no será fácil ya que los vendedores que estén obligados a "pesificar" el valor de su propiedad lo harán ajustando a la cotización del 'blue', lo que significaría un aumento en pesos muy fuerte que no todos los compradores estarían en condiciones o con la voluntad de afrontar.
Según operadores del sector, toda intervención del Estado en el mercado inmobiliario provoca el freno de la actividad, tanto en la compraventa como en los alquileres. Este último tema también entraría dentro del proyecto ya que muchos contratos de locación están expresados en dólares.
Esto es una herencia de la época de la convertibilidad ya que durante la primera gestión del ex ministro Domingo Cavallo se modificó el Código Civil y se permitió que el dólar tuviera efecto cancelatorio, por lo que contratos y escrituras inmobiliarios podían establecerse en esa moneda o en pesos. Si bien la Ley de Convertibilidad fue derogada, se hizo de manera parcial y este punto aún está vigente, lo mismo que los cambios introducidos en el Código Civil.