También ratificó la calificación en escala nacional de 'raAA-' de la provincia de Buenos Aires.
La calificadora de riesgo fundamentó que "el nivel de asociación entre los gobiernos subnacionales y el gobierno soberano es muy amplio".
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"Además de afrontar desafíos económicos similares, sus importantes vínculos se derivan de las significativas transferencias que hace el gobierno central a los gobiernos locales y regionales, y del financiamiento directo o aprobación para la contratación de nueva deuda que les otorga la autoridad central", planteó yendo justamente
También alegó que "especialmente en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la discusión en marcha sobre la determinación de las responsabilidades de gasto en diferentes niveles de gobierno y el financiamiento correspondiente de este nuevo gasto potencial subraya los posibles riesgos en adelante".
Pero a la perspectiva negativa podría seguir una baja en la calificación, según S&P "la tendencia negativa de las calificaciones de las provincias de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires refleja la tendencia de las calificaciones soberanas de Argentina, que a su vez indica que existe una posibilidad en tres de una baja de calificación durante este año o el siguiente".
La agencia explica que "el posible empeoramiento de la posición externa, en caso de que aumentaran las salidas de capitales (quizá en combinación con el debilitamiento de los términos de intercambio) o acciones adicionales de políticas que disminuyan más las perspectivas de crecimiento de Argentina, podrían llevarnos a una baja en las calificaciones".
Por otra parte, sostuvo que "acciones del gobierno tendientes a recuperar la confianza de los agentes económicos sobre las perspectivas de mediano plazo (en el frente monetario o estructural), y reducir así la incertidumbre sobre la posición de liquidez externa, podría llevarnos a regresar la tendencia a estable".
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El lunes (23/04) mencionábamos en Urgente24 el caso particular de la provincia de Buenos Aires donde Daniel Scioli necesitaría unos $15.000 millones (o más) para cubrir el gasto operativo y afrontar obras mínimas. Para eso tenía planeado conseguir fondos mediante financiamiento exterior, pero ya las tasas que tenía que pagar eran altas antes de YPF (superior al 16% anual en dólares).
La misma vía escogieron otros estados provinciales, que ahora se verán afectados por la decisión de S&P.
En lo que va de 2012, han colocado Letras de Tesorería las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chaco, por más de $3.253 millones.
A fines de marzo un informe de Economía y Regiones titulado “Sin el Programa de Sustentabilidad Fiscal, las provincias buscan cubrir sus déficits en los mercados de capitales”, advirtió que ante la falta de implementación del Programa de Sustentabilidad Fiscal que prometiera el Gobierno Nacional en la Ley de Presupuesto 2012, por cerca de $15.000 millones, las provincias se verían obligadas a emitir deuda en los mercados de capitales para financiar sus déficits.
Y remarca que entre las fuentes alternativas de financiamiento a las que están recurriendo, se encuentran la colocación de títulos públicos o letras en los mercados financieros, o la obtención de préstamos bancarios, que claramente resultan más onerosas que el financiamiento previsto por el Gobierno Nacional.
Paralelamente otro informe conocido en la misma época, de la consultora Abeceb, hacía hincapié en el crecimiento de la deuda en dólares de las provincias, donde advierte que “en los últimos dos años se puede apreciar un proceso de dolarización de las deudas de las principales provincias, aumentando de este modo el riesgo devaluatorio”.
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También resalta que ante las grandes dificultades presentadas por las provincias para cerrar las cuentas fiscales no fueron suficientes las emisiones de letras del tesoro presupuestadas y varios distritos tuvieron que recurrir al mercado voluntario de deuda internacional para financiarse.
Esa recurrencia, a partir de YPF y la rebaja de S&P, ya está dejando de ser opción para los gobernadores que quedan solo ante las alternativas de un impuestazo como el que prepara Scioli en la provincia o seguir esperando que Cristina cumpla con el plan el Programa de Sustentabilidad Fiscal anunciado en diciembre de 2011.
Otro trabajo, de Economía y Regiones del 9/04, se refiere a otra cuestión central para las provincias: la distribución de los recursos nacionales (vía Ley de Coparticipación).
“La dilación en la sanción de una nueva Ley no ha sido inocua, sino que ha conllevado un deterioro sostenido y generalizado de las Finanzas Provinciales: producto de las reformas inducidas por el Gobierno Nacional, las provincias han dejado de percibir doce puntos porcentuales de la masa de recursos tributarios nacionales”, prosigue el estudio y agrega que “una nueva ola de reformas llevadas adelante en el Siglo XXI terminaron desequilibrando aún más la distribución de recursos entre niveles de gobierno: los impuestos creados en la última década permiten al Gobierno Central financiar más del 80% de las transferencias automáticas anuales a provincias”.
E&R agrega a continuación que “en los últimos años, ha adquirido vigor el financiamiento intraestatal: combinando los diversos aportes de la ANSeS y el BCRA, el Gobierno Central acumularía $252.000 millones de pesos durante los últimos cinco ejercicios, un equivalente a tres puntos del PIB como promedio anual”.
Y las últimas malas noticias para las provincias: “esta metodología de financiamiento (intraestatal) implica un nuevo aumento de las fuentes no coparticipadas, como antes lo fueron las reformas tributarias. De esta manera, para el mismo período el coeficiente de participación provincial cae del 26.3% al 23.8% del total de recursos si se adiciona el financiamiento combinado del BCRA y la ANSeS, generando una caída anual promedio de 2.5 puntos en su participación relativa”.
