Ya hemos mencionado que la inflación es el mal detrás de todos los problemas de nuestra economía: dado que le pega de lleno al bolsillo de los trabajadores; genera pobreza e indigencia; arremete contra la rentabilidad de las empresas, y por ende, contra la inversión y la generación del empleo; provoca incertidumbre; incentiva el aumento de las importaciones y de la demanda de dólares.
Sin embargo, una inflación elevada pero constante, anclada en torno al 20% anual, es paradójicamente una fuente adicional de financiación para el Gobierno Nacional.
En efecto, la emisión de dinero señoreaje, es una herramienta de política económica que tienen los gobiernos de aquellos países con moneda propia.
La creación primaria de dinero responde tanto a un crecimiento real de la economía como a un aumento del nivel general de precios. En otras palabras, la base monetaria4 se incrementa en respuesta a la evolución del producto bruto medido en términos nominales.
No obstante, mientras que el crecimiento (real) de la economía genera un aumento en la demanda de saldos monetarios reales (que implica una economía de mayor tamaño), la inflación induce un incremento en la demanda nominal, cuyo fin es compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda ante la aceleración de los precios.
Esta pérdida del valor real del dinero, por efecto de la inflación, se denomina “impuesto inflacionario”. Es decir, la inflación puede ser asimilada a un impuesto que se cobra sobre los tenedores de moneda. Y como el Gobierno (a través del Banco Central) es el único ente encargado de la emisión, es el que se apropia de la pérdida del valor del dinero.
Como todo impuesto, requiere de una alícuota, que en este caso es la tasa de inflación general de la economía (medida a través del índice de precios minoristas de la provincia de Sata Fe); y de una base imponible, que aquí es la base monetaria. Así, (mediante el producto entre estas dos variables) es posible calcular el valor recaudado de este impuesto.
Luego de la devaluación de 2001, la expansión monetaria tuvo un efecto real en el crecimiento de la economía como consecuencia de la capacidad instalada ociosa que había dejado la crisis previa a la salida de la convertibilidad.
No obstante, con el resurgimiento de la inflación a partir del 2006-2007, la recaudación del impuesto inflacionario se incrementó sucesivamente hasta alcanzar unos $ 20.951 millones en 2008 (2% del PBI).
> La recesión de fines de 2009 impuso un techo a la recaudación del impuesto haciendo que se reduzca un 27% respecto del año anterior ($ 17.010 millones): tanto la expansión de base monetaria como la inflación se moderaron drásticamente durante el peor año de la administración Kirchner.
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> La recuperación del nivel de actividad y la aceleración de los precios del 2010 volvieron a provocar una expansión de base monetaria, estimulando un aumento del impuesto, que totalizó uno $ 35.451.
> Ahora bien, en 2011, con una situación fiscal mucho más comprometida, el impuesto inflacionario alcanzó unos $ 45.990 millones. Lo que representó el 2,5% del PBI nominal y el 11% de la recaudación.
Concretamente, la forma final que tiene el tesoro de hacerse de estos ingresos adquiere diversos nombres: “adelantos transitorios”, “utilidades del BCRA” o “uso de reservas”. En todos los casos se trata de traspasar el impuesto inflacionario que
recauda el BCRA hacia el Gobierno Nacional.
> Además, para 2012 se espera que el impuesto inflacionario se incremente un 44% respecto al año anterior y alcance los $ 66.055 millones; lo que representaría el 2,8% del PBI, el 13% de los ingresos netos de coparticipación y el 66% de las necesidades financieras (en pesos) del Tesoro Nacional.
A diferencia de otros tributos, en este caso el Gobierno tiene mayor margen para fijar la base imponible (base monetaria) mientras haya demanda de pesos.
A su vez, la restricción a la compra de dólares sumada a la modificación de la Carta Orgánica del BCRA (que permite aumentar la emisión monetaria) podría generar que se sostenga -artificialmente- la demanda de pesos y que la base monetaria se incremente por encima del PBI nominal, haciendo que la recaudación del impuesto inflacionario sea aún mayor a nuestras proyecciones.
Es decir, la oferta monetaria se incrementaría más dado que la nueva carta orgánica del Central se lo permite; en tanto que la demanda de pesos respondería a dicha expansión dada la imposibilidad que tienen los agentes de comprar activos externos; ergo, aún con la misma tasa de inflación, el impuesto inflacionario podría superar las estimaciones de 2012.
Por último, como corolario de todo lo anterior, cabe remarcar que si bien la inflación es un problema para la economía argentina, también es paradójicamente una solución (no sostenible en el tiempo) para subsanar la falta de ingresos públicos y pasa a formar parte de los menguados instrumentos de política económica de la actual administración.
