En cuanto a aceiteros, el convenio, suscripto por la federación gremial y los representantes de Ciara, Ciavec (aceites vegetales) y Carbio (biocombustibles) en la sede del Ministerio de Trabajo, fija un aumento de 20% desde enero, a lo que se agrega una suma fija no remunerativa de $ 200 mensuales, que representa una mejora adicional de 4% en los ingresos de unos 15.000 operarios de la actividad. Esa suma se incorporará a los salarios en dos tramos, en julio y octubre próximos.
Además, el acuerdo establece un premio anual por única vez de $ 4.600, que se liquidará con los salarios de enero, e incorpora una especie de cláusula gatillo, que habilita la posibilidad de que la comisión salarial permanente que integra el convenio aceitero pueda revisar el aumento si éste queda licuado por una suba mayor en los precios.
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La paritaria aceitera terminó de resolverse tras varias semanas de discusiones y en medio de un quite de colaboración dispuesto el viernes pasado por la conducción sindical para apurar la definición del aumento. Fuentes sindicales aseguraron a El Cronista que las demoras en la negociación también se debieron a "la presión (del Ministerio de) Trabajo" para intentar que el incremento no supere el 20%, lo que según confiaron en el gremio incluyó la advertencia de no homologar el convenio.
Además de la categoría inicial, que pasó de $ 5.000 a $ 6.200, con el nuevo aumento el resto de las categorías del convenio se elevaron de $ 5.375 a $ 6.650 (escalafón B), de $ 5.833 a $ 7.215 (escalafón C) y de $ 6.319 a $ 7.816 (escalafón D).
El incremento finalmente consensuado se ubicó apenas por debajo del reclamo inicial del gremio, que había solicitado al sector empresario una suba de 26%, que implicaba elevar de $ 5.000 a $ 6.315 el sueldo inicial del sector, en base al valor de una canasta básica de bienes y servicios calculada por la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario.
El convenio aceitero implicó un primer revés para la estrategia del Gobierno, que pretende imponer aumentos moderados en la nueva ronda de paritarias, con un techo en torno al 18%, con el objetivo de evitar desbordes gremiales y contener las expectativas inflacionarias. Según el plan de la Casa Rosada, la idea oficial apunta a un esquema que ataría esos incrementos a la evolución de un indicador especial de inflación, como el caso de una canasta de bienes y servicios previamente acordada con gremios y empresas. A cambio de aceptar una suba moderada, el Ejecutivo ofrecería a los gremios la posibilidad de una revisión del acuerdo en el último trimestre del año si el parámetro de inflación convenido supera el porcentaje de aumento fijado en las paritarias.
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