La modificación surge luego de cambios introducidos al artículo 23 del Decreto 905/02 y amplía los destinos permitidos para utilizar esos depósitos. Hasta ahora, el financiamiento en dólares estaba principalmente asociado a empresas generadoras de divisas o a operaciones con respaldo en moneda extranjera.
El riesgo del descalce
La nueva política no está exenta de riesgos. El problema central es el denominado descalce de moneda: una compañía que obtiene ingresos en pesos pero contrae una deuda en dólares queda expuesta a una eventual suba del tipo de cambio.
El propio BCRA reconoce ese riesgo y estableció un esquema macroprudencial más exigente. Las entidades deberán evaluar la capacidad de repago de los deudores frente a distintos escenarios cambiarios.
Además, el requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del aplicable a otras financiaciones comparables, mientras que, para los límites de exposición crediticia, estos préstamos computarán por 1,25 veces la exposición correspondiente a operaciones no alcanzadas por el régimen especial. Este requerimiento extra muestra que no será tan fácil acceder a este tipo de préstamos.
El límite más importante establece que los créditos destinados a clientes que no estén comprendidos en los destinos previamente autorizados no podrán superar, en conjunto, el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada banco.
La cautela regulatoria deja en evidencia que el Gobierno está intentando estimular el crédito sin trasladar completamente el riesgo cambiario al sistema financiero.
Una apuesta con interrogantes
Caputo defendió la decisión y aseguró que las empresas que reciban estos dólares deberán venderlos en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y transformarlos en pesos. El objetivo es evitar un efecto multiplicador sobre la demanda de divisas y, al mismo tiempo, incrementar la oferta de dólares en el mercado.
El ministro señaló que la construcción y la industria automotriz son algunos de los sectores que reclamaban una mayor disponibilidad de financiamiento. Pero también reconoció que las tasas en pesos “todavía son altas”, una admisión que resulta clave para entender por qué el Gobierno apuesta ahora a la dolarización parcial del crédito empresarial.
La pregunta económica es si esta solución puede convertirse en un verdadero motor de inversión o apenas en un mecanismo para sortear las consecuencias de una política monetaria que mantiene elevado el costo del dinero.
En una economía donde la inflación de julio fue del 2,1% mensual y 33,8% interanual, según el INDEC, el desafío no es menor.
El Gobierno promete más inversión, productividad y empleo. Pero flexibilizar el crédito en dólares no garantiza por sí mismo que las empresas inviertan más ni que generen nuevos puestos de trabajo. Y si los ingresos permanecen mayoritariamente en pesos, el riesgo cambiario seguirá estando presente.
Así, la medida puede ampliar el financiamiento disponible, pero también plantea una pregunta incómoda para la gestión de Milei: si las empresas necesitan endeudarse en dólares porque el crédito en pesos es demasiado caro, ¿la flexibilización resuelve el problema o simplemente desplaza el riesgo hacia otro lugar de la economía?
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