Airbnb, plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos, enfrenta un nuevo golpe a su modelo de negocio luego de que Uruguay buscara lanzar un proyecto de ley para regular los alquileres temporarios.
Y es que, de acuerdo con La Nación, el gobierno uruguayo se encuentra inmerso en la consideración de un proyecto de ley desde el inicio de este año, cuyo propósito es regular el alquiler temporario con fines turísticos en el país. Esta propuesta ha generado controversias significativas, especialmente entre los propietarios que ofrecen sus propiedades a través de apps como Airbnb.
El proyecto de ley, según su redacción, busca regular el alquiler temporario de inmuebles distintos a los hoteles, definiéndolos como alojamientos temporales con fines turísticos, excluyendo las viviendas principales. Adicionalmente, se propone que los propietarios se inscriban en un Registro Nacional de Inmuebles para Alquiler Temporario bajo la supervisión del Ministerio de Turismo.
Los anfitriones, a pesar de estar de acuerdo con la regulación del alquiler a través de plataformas digitales por considerarla beneficiosa para el desarrollo del turismo, expresan preocupaciones acerca de ciertos aspectos del proyecto de ley. Argumentan que el enfoque adoptado parece peligroso para el turismo y más bien orientado a la recaudación, sin tener en cuenta la realidad de los propietarios.
Un punto crítico es la comparación con hoteles o inmobiliarias, ya que los anfitriones, en su mayoría, son trabajadores de clase media, mujeres emprendedoras y jubilados que buscan complementar sus ingresos alquilando propiedades adicionales.
Tal como informó Urgente24 en: Airbnb: Conflicto con Nueva York y ¿el principio del fin?, Airbnb ha presentado una demanda contra la ciudad de Nueva York en respuesta a la Ley Local 18, una nueva legislación que la plataforma de alojamientos compartidos considera una "prohibición de facto" de los alquileres de corta duración, poniendo en riesgo sus ingresos anuales de US$ 85 millones. El problema, más allá de Nueva York, está en que el resto de las ciudades copien el accionar y pongan en verdadero peligro todo el modelo de negocio de Airbnb.
La Ley Local 18, exige que los residentes que deseen alquilar habitaciones o apartamentos se registren en la Oficina de Ejecución Especial (OSE) de la alcaldía de Nueva York. Además, deben comprometerse a cumplir con las complejas normativas de alquiler a corto plazo según los códigos legales. Quienes no cumplan enfrentarán multas de hasta US$ 5.000.
La demanda destaca que los ingresos de Airbnb en la ciudad de Nueva York fueron de US$ 85 millones en 2022, apenas el 1% de sus ingresos anuales totales de US$ 8.400 millones. Dan Wasiolek, analista senior de Morningstar Research Services, señala que Airbnb enfrenta un escenario crítico en Nueva York, donde hay 20.000 propiedades registradas en su plataforma, pero solo se han aprobado nueve registros en el último mes, menos del 0,04% de los anuncios activos en el año.
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