Cabe recordar que es el ministro de Economía, Sergio Massa, quien lidera esa agenda política con los gobernadores. Mientras que la secretaria de Energía y el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, discuten en el plano técnico con Alejandro Monteiro, el ministro de Energía de Neuquén, Andrea Confini, titular del área en Río Negro, y también con Elías Sapag, hombre fuerte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) que controla la gestión de las presas en materia de seguridad operativa.
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Las provincias quieren mejorar el precio de venta de la electricidad que producen las represas hidroeléctricas... algo que luce inconveniente para el Estado nacional, para el cual ello conllevaría un encarecimiento del costo de generación de energía que debería replicarse en las tarifas o, en su defecto, en mayores subsidios del Tesoro nacional.
La propiedad no es la prioridad
La discusión por la propiedad no estaría a la cabeza de las prioridades de las gobernaciones patagónicas. Pues, las provincias están mucho más interesadas en discutir la distribución de la futura renta de las represas más que la participación accionaria de las mismas.
Ese el punto central de la discusión aún no articulada entre la Nación y las provincias. Pero no es alentador para las provincias, ya que para el Estado nacional, la inversión que demandó la construcción de las centrales hidroeléctricas ya fue amortizada. De hecho, la energía que hoy genera el complejo del Comahue está pesificada y se remunera bajo un esquema de 'costo plus' que debería cubrir los costos de operación y mantenimiento (O&M) más una pequeña rentabilidad. 'Debería' porque, en rigor, lo que viene pasando desde hace tres años es que el monto en pesos que paga Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), queda desactualizado de manera permanente por la inflación y el gobierno se demora meses en aumentar ese valor.
Más allá de esa cuestión coyuntural, el planteo de las provincias gira sobre el eventual incremento de la renta de la energía producida por las represas. Toda la agenda que impulsan desde Neuquén y Río Negro —como la creación de un canon sobre el uso del agua, el aumento de las regalías hidroeléctricas que perciben las provincias y la creación de un fondo fiduciario para solventar nuevos desarrollos— parte de esa condición necesaria. Si no hay una mejora de la remuneración de la energía que producen las centrales, la agenda que intentan impulsar las provincias se diluye.
Y la posición del Estado nacional es la opuesta:
Si la inversión ya está amortizada y el Estado pretende recuperar la concesión, lo lógica sería que la remuneración baje, no que aumente como pretenden las provincias Si la inversión ya está amortizada y el Estado pretende recuperar la concesión, lo lógica sería que la remuneración baje, no que aumente como pretenden las provincias
En la Secretaría de Energía aspiran a que la nueva empresa que creará Enarsa licite la operación y el mantenimiento de las centrales con un contrato a cinco años de plazo. Los tiempos, el complicado escenario económico y la agenda electoral le juegan en contra. Tanto que los concesionarios privados desconfían que el Ejecutivo incluso pueda confeccionar la nueva sociedad con la que quiere empezar a gestionar las represas una vez que expiren los contratos de concesión...
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