El caso de Grecia es uno de los más representativos. Atenas condicionó su apoyo al paquete completo a la posibilidad de que continúe el transporte de gas natural licuado (GNL) ruso hacia terceros países. La medida busca proteger la actividad de Dynagas, la naviera controlada por el empresario George Prokopiou.
De acuerdo con la consultora Kpler, Dynagas transportó más de 30 millones de toneladas de GNL proveniente del proyecto ruso Arctic Yamal desde el comienzo de la guerra, un volumen cuyo valor supera los 24.000 millones de dólares, según estimaciones basadas en precios de Argus Media. Solo el buque metanero Fedor Litke movilizó cargamentos valuados en más de 4.000 millones de dólares.
Las autoridades griegas sostienen que cualquier nueva sanción debe generar un costo considerablemente mayor para Rusia que para la economía europea. También advierten que prohibir esas operaciones únicamente beneficiaría a compañías navieras de terceros países, reduciendo la competitividad del sector marítimo europeo y afectando empleos e inversiones.
Las objeciones no terminan allí
Portugal y Alemania solicitaron mantener abierta la posibilidad de importar pescado ruso para sostener sus industrias procesadoras. Francia e Italia buscan flexibilizar las restricciones para otorgar visados a soldados rusos que participaron en la guerra, mientras que Austria insiste en liberar activos rusos congelados por unos 2.000 millones de euros para compensar al banco Raiffeisen por una multa aplicada por Moscú.
La situación expone una creciente tensión entre solidaridad política y costos económicos. Empresas europeas como Carlsberg y Fortum ya registraron pérdidas multimillonarias tras abandonar el mercado ruso o perder activos como consecuencia de las sanciones y las represalias del Kremlin.
¿Se agota la unidad de la UE ante las sanciones a Rusia?
Diplomáticos europeos reconocen que el clima político también cambió. Si durante los primeros años de la guerra predominaba un fuerte imperativo moral para sostener a Ucrania, hoy varios gobiernos consideran que las nuevas sanciones amenazan sectores considerados estratégicos para sus economías.
Jacob Kirkegaard, investigador principal del centro de estudios Bruegel, sostiene que la Unión Europea se encuentra "cerca del punto álgido de las sanciones" y que las denominadas "joyas de la corona" de las economías nacionales ya comenzaron a entrar en la discusión. En otras palabras, las medidas propuestas dejaron de afectar actividades periféricas para impactar directamente sobre empresas con fuerte peso económico y político.
El desafío para Bruselas es doble. Por un lado, mantener la presión financiera sobre Rusia para reducir los recursos destinados a su esfuerzo militar. Por otro, preservar la unidad política entre los 27 Estados miembros, condición indispensable para sostener una política de sanciones que, hasta ahora, había sido uno de los principales instrumentos económicos de apoyo europeo a Ucrania.
La falta de consenso deja en evidencia que, además de librarse en el campo de batalla, la guerra también pone a prueba la resistencia económica y la cohesión política de la Unión Europea, donde cada nuevo paquete de sanciones enfrenta un equilibrio cada vez más complejo entre los objetivos geopolíticos y la protección de los intereses nacionales.
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