Cronograma de privatizaciones: un proceso con ajustes
El proceso ya había registrado modificaciones en su cronograma. En agosto, el Ministerio de Economía extendió del 27 de agosto al 15 de septiembre el período para presentar ofertas técnicas, a solicitud de los interesados. Posteriormente, la apertura de las propuestas económicas se realizó el 8 de octubre y la adjudicación se concretó el 22 de octubre.
La concesión tendrá una duración inicial de 30 años, con posibilidad de extenderse por otros 10. Entre las principales obligaciones del futuro operador figura un compromiso de inversión de aproximadamente US$ 1.940 millones durante el primer quinquenio y de US$ 15.040 millones en el conjunto de los 30 años. Las obras abarcarán la ampliación y renovación de redes, plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo y demás infraestructura. Los bienes incorporados al sistema continuarán siendo propiedad estatal al finalizar la concesión.
El alcance económico de la operación también se explica por la dimensión del servicio. Según el reporte de sustentabilidad 2025 de AySA, la empresa tiene una población total dentro de su área de concesión de 14.305.580 habitantes, distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. De ese universo, 10,7 millones cuentan con servicio de agua potable y 9,1 millones con cobertura de desagües cloacales.
¿Cómo será la estructura tarifaria post-privatización?
En paralelo, continúa pendiente la definición regulatoria sobre el esquema tarifario. La propuesta de AySA contempla una modificación de los coeficientes zonales que podría generar aumentos para cerca del 60% de los usuarios residenciales, con una suba promedio del 22,6% para ese segmento. Otro 20% recibiría reducciones, mientras que el resto no tendría modificaciones.
El nuevo concesionario no deberá diseñar desde cero las tarifas ni el programa de inversiones del primer período, ya que las condiciones para 2027-2031 quedaron establecidas en el pliego. La revisión integral del esquema económico está prevista para el cuarto año de concesión, cuando se negociará con el ERAS el siguiente ciclo, correspondiente a 2032-2036.
De esta manera, el aplazamiento de la firma no modifica, por el momento, los compromisos económicos ni el objetivo de que el nuevo operador asuma la gestión entre enero y febrero de 2027. Sin embargo, agrega incertidumbre sobre los tiempos de ejecución de una de las operaciones más relevantes del programa de transferencia de empresas públicas al sector privado.
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