A través de un comunicado firmado por la Cámara de Bioetanol de Maíz, la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en origen (CIGBO), la Asociación Argentina de Biocombustible e Hidrógeno (ABH) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), se pidió al Ejecutivo una nueva Ley de Biocombustible.
"Una nueva ley permite adecuar la normativa existente a los aprendizajes realizados por la industria y el Estado para establecer un marco regulatorio moderno, eficiente, sustentable y de mayor competencia para los biocombustibles", aseguraron.
En este sentido, cuestionan que la "actual ley cumplió un ciclo exitoso pero está agotada: ya no garantiza ni crecimiento, ni una rentabilidad mínima, ni siquiera el cumplimiento de su reglamentación. Además, los avances técnicos y científicos producidos en las últimas dos décadas, recomiendan la sanción de una nueva ley, estableciendo flamantes senderos para una intensificación en el uso de los biocombustibles, incorporando nuevos procesos y productos que promuevan mayor eficiencia en cada cadena de valor".
Según los firmantes, "una nueva ley establecería un horizonte temporal largo y un marco regulatorio previsible necesario para que se materialicen cientos de millones de dólares en inversiones que garantizarían un triple impacto: ambiental (menos contaminación, más salud), social (empleo federal) y económico (desarrollo regional, sustitución de importaciones)".
Además, consideran que "una nueva ley crea instituciones y reglas para favorecer la mayor participación de las provincias en un modelo de promoción federal, especialmente en el NOA y la región centro, de los biocombustibles, facilitando la introducción de programas regionales funcionales a las demandas en las zonas respectivas".
También que una nueva norma crearía "segmentos de competencia directa entre los distintos proveedores del mercado (GNC vehicular, combustibles minerales, biocombustibles), diversificando la matriz energética y generando nuevas opciones de precio y calidad para el consumidor".
Desde el sector de biocombustible explicaron que "una conjunción entre problemas de gestión de la Autoridad de Aplicación de la Ley 26.093 y vacíos reglamentarios, han motorizado una importante cantidad de reclamos administrativos y medidas cautelares autónomas por parte de los productores de biocombustibles, que tuvieron sentencia favorable para los actores en la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo, produciendo un destacado nivel de conflictividad, el que muy probablemente se mantendrá mientras se mantenga el actual régimen".
"Con una nueva ley se limita el nivel de discrecionalidad, el que se torna particularmente arbitrario en épocas inestables. Es posible establecer en una nueva ley, un régimen sancionatorio mucho más riguroso que el establecido por la actual norma -éste eventualmente lleva a situaciones donde resulta beneficioso para un determinado actor, no cumplir con sus obligaciones, dado que las eventuales multas que podría soportar,
son menores al beneficio obtenido", finalizan.
