El texto, con respaldo de la Cámara Argentina de Comercio, hace referencia a la Comunicación A 7746 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ha trabado el funcionamiento de las agencias marítimas, y se le reprocha a la autoridad monetaria que ya se le había alertado de la problemática -con el aval de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)- en fechas 18/02/2022 y 12/07/2022.
"Ahora bien, en un contrasentido total con dicha solución anteriormente normada por el BCRA, la nueva norma impone que (...) será necesario que el pago se concrete a partir de los 90 días corridos desde la fecha de efectiva prestación del servicio (...) afectando negativamente el normal flujo de transferencias al exterior y, en consecuencia, de las operaciones de transporte de las cargas de importación y exportación (que en un 90% se efectúan por agua), lo que sin duda puede provocar el encarecimiento de las operaciones de comercio exterior y el consecuente desabastecimiento de insumos para la producción nacional, con pérdida de empleo y de ingresos millonarios en divisas".
Paraguay
En tanto, desde el 10/03 -fecha del encuentro de los presidentes Alberto Fernández y Mario Abdo Benítez- las autoridades argentinas están emitiendo las facturas del cobro del peaje en el río Paraná a las embarcaciones con bandera paraguaya. La queja de los de Asunción fue que el encuentro tuvo como motivo el pedido de Paraguay de que se derogue esa medida porque lesiona el acuerdo de la Hidrodía Paraguay-Paraná, según el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), en Asunción.
La autoridad responsable del cobro del peaje en el río Paraná, dentro del territorio argentino, es la Administración General de Puertos (AGP), concesionaria de la vía navegable troncal de la hidrovía. Y la AGP ha rechazado los reclamos paraguayos porque no cuenta con una comunicación diferente del Ministerio de Relaciones Exteriores ni de la Justicia argentina, que informe de una suspensión de la facturación del trayecto.
Por este motivo, empresas paraguayas pedirán medidas cautelares a la Justicia argentina a la vez que podrían pagar facturas bajo protesta ante la amenaza de AGP de interdicción de las embarcaciones que podrían provocar, por ejemplo, el desabastecimiento de combustibles del mercado paraguayo.
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