El mismo ministro que metió un impuestazo en el Congreso en diciembre y que presentó la semana pasada una hoja de ruta en la que plantea cerrar la reestructuración de la deuda a fines de marzo, dijo que no habrá superávit fiscal hasta 2023, sugiriendo que pensaba poner sobre la mesa una propuesta de quita muy agresiva, que no contempla pagar un solo peso hasta entonces. Así lo entendieron los mercados que en la semana cayeron 6,1% (Merval), 5,8% (AY24) y 7,1% (TC20), lo que hace entrar a las paridades en un terreno compatible con una reestructuración peor a la ecuatoriana de 1999, como muestra este grafico de la gente de SBS
Cuarenta y ocho horas después, sin embargo, el Director de la ANSES Alejandro Vanoli, anunciaba un fuerte recorte en el aumento que a los jubilados y pensionados les tocaba por fórmula, que del mismo modo que ocurrió con el paquetazo de diciembre, se disfraza de solidario redistribuyendo migajas en los sectores bajos, aumentando 1,4% más a los retirados que perciben la mínima y a los receptores de asignaciones por hijo, pero al mismo tiempo recortando las prestaciones superiores a los $16.130, de suerte tal de producir un ahorro de 1,7% en el total de los beneficios que debía actualizar la suspendida fórmula de movilidad. Así, el aumento promedio en vez de ser del 11,56% como correspondía por Ley, acaba siendo del 9,8%.
El modelo que parece emerger claramente de esta contradicción es: Ajuste + Redistribución + Relato. Lo primero para calmar a los acreedores y hacer posible la reestructuración. Lo segundo y tercero, para sortear la restricción política que limita cualquier ajuste.
Si estoy en lo correcto, todavía hay alguna chance de que el gobierno haga una propuesta razonable en marzo y consiga el consentimiento de los bonistas para llegar a disparar las cláusulas de acción colectiva, despejar el default e iniciar el camino de la recuperación de la economía.
Si me equivoco y el relato se hace carne, el ministro va derecho a chocar con una pared a fines del tercer mes, no alcanza las mayorías necesarias y la economía entra en default, enterrando la posibilidad de recuperación en 2020 y empujando al gobierno a una radicalización de sus políticas.