Es decir que la estrategia del marketing fue llevada también al escenario financiero, y por muchas razones casi todos acompañaron la puesta en escena.
La aclaración viene a cuento de que aún subsisten en el distrito sur de Nueva York, a cargo de la misma jueza que por decisión de la instancia superior mantendrá en su órbita la causa contra YPF por la expropiación a accionistas, Loretta Preska, 2 juicios iniciados por holdouts que no ingresaron a los canjes de deuda por un total de US$ 1.080 millones.
Consultado por Urgente24, el abogado especialista en estos litigios financieros globales, Pablo Giancaterino, ratificó que Argentina aún está en default jurídico. Es decir que Macri acabará su mandato sin haber levantado completado otra de sus promesas de campaña.
“Desde 2001, el Gobierno argentino nunca cumplió el pago de una sentencia en el exterior. Y las que aún mantiene se niega a cumplirlas, según surge de la defensa en los juzgados y informe a la SEC” (Securities and Exchange Commission), sostuvo.
Y Giancaterino subrayó que lo sucedido desde 2016 “fue algo similar al canje de 2010: se redujo el monto de bonos en el mercado por arreglos privados”.
Falencia jurídica
El abogado distingue el hecho de que un país que cumple con regularidad con más del 90% de su deuda no sea considerado económicamente en default y sí lo sea jurídicamente por los pleitos con sentencia que se mantienen impagos sumando US$1 mil millones.
“No es poco este default: supera en 3 veces el de Perú. Pero como hoy el mundo está muy endeudado, lo delicado en el caso argentino es que se vuelva a repetir un incumplimiento o quita en tan corto plazo”, dice Giancaterino.
Él puso de relieve que actualmente “no tenemos para echar culpa a la deuda ilegítima o los acreedores de los ´90 y la situación de falta de credibilidad se refleja en el riesgo país”.
La hora de la verdad se acerca, advierte, y si la decisión del próximo gobierno es una refinanciación imprudente se verá en el acceso al crédito y tasas. “Lo peor de todo es lo que dicen en el Congreso y no tanto lo que podrían hacer”, completa.
Avizora que, por lógica, se tocará la deuda a través de la legislación argentina y no con la ley extranjera, lo cual indica que debería ir acompañado de una norma jurídica nueva de Administración Financiera.
“Hay mucho bla bla político que está perjudicando a las finanzas del país. Mucha imprudencia en el discurso sobre el tema deuda. Puede medir políticamente en campaña pero es pésimo para el país”, previene.
La jueza Preska heredó el expediente que durante años llevó el fallecido Thomas Griesa. A ellos se suman algunos casos de bonos emitidos en pesos bajo la jurisdicción argentina, que se deberán resolver en Buenos Aires: totalizan alrededor de US$ 90 millones adicionales.
La propuesta oficial consiste en repetir las condiciones de los canjes anteriores, que implicarían la emisión de nuevos bonos con una quita de 48% en la deuda total.
Los bonos en default judicial, en rigor, suman alrededor de U$S 1.200 millones, si bien los montos sobre los que no hay acuerdo de pago se reducirían a U$S 750 millones, de acuerdo con los cálculos de algunos estudios de abogados de USA.
Podrían irse a unos U$S 2.828 millones con los intereses impagos y compensaciones.
Es que, además, otras causas recientes, como la de Aurelius Capital Master, por los cupones PBI, podrían ser imitadas por otros fondos.
Hay también pequeños ahorristas, jubilados e incluso herederos de los compradores originales que exigen a Argentina hacerse cargo de los honorarios de los abogados y demás costas, tal como el Gobierno de Macri hizo con los abogados de los fondos buitres que cobraron el arreglo en 2016.
Atrás de los US$1.000 millones que en más y en menos permanecen bajo el martillo de la magistrada acechan bonistas que ya cobraron luego de la sentencia final de Thomas Griesa (que el gobierno de Mauricio Macri hizo efectiva en abril de ese año) y pretenden cobrar más dinero, aunque desde la Justicia los desalentaron a que continúen litigando.
