En febrero, Marcó del Pont designó como Subdirector General de Fiscalización a Julián Ruiz, y hace dos semanas a Verónica Grondona Olmi como directora de Fiscalidad Internacional. Los lectores conocen la calidad del trabajo de Verónica, quien ha sido columnista habitual de El Cohete. Ruiz fue quien descubrió ese paquete que el anterior gobierno había puesto de lado, sin desencriptar ni apropiar, lo cual además motivará sumarios administrativos para determinar la responsabilidad de los funcionarios actuantes, Sergio Rufail y Marcelo Costa, quienes ocuparon la posición actual de Ruiz. También hay una investigación penal impulsada por el fiscal federal Federico Delgado, a raíz de una denuncia del ex director de la DGI, Horacio Castagnola, transmitida por el tributarista Jorge Gaggero.
Esa base contiene al menos tres categorías distintas de personas, según su declaración jurada de bienes personales:
admitieron poseer bienes en el exterior, pero de magnitud inferior a la real.
no declararon bienes en el exterior, pero sí en el país.
no declararon nada.
A diciembre de 2019, bienes personales explicaba 0,5% del PIB, lo cual delinea su perfil regresivo. El propósito de la actual administración es aumentar la base impositiva. La notificación a los descubiertos in fraganti concluirá en los próximos diez días. (...)".
Verbitsky menciona a Grondona Olmi como ex colaboradora de su web pero no a otro ex columnista de la web que dirige, Juan Soria, quien ahora se desempeña en el Tribunal Fiscal de la Nación.
Quizás Soria -y no Pablo Manzanelli, asesor de Hugo Yasky, que no conoce tanto el tema- le haya deslizado conceptos que ayudaron a elaborar este fragmento:
"(...) Despejado el camino para la sesión virtual del Senado, la posibilidad de que una vez sancionada se atranque en el pantano de las medidas cautelares se redujo pero no desapareció. Es cierto que la jurisprudencia de la Corte Suprema afirma desde 2014 que la determinación y percepción de los tributos está regulada por la ley 11.683 y que el contribuyente que quiera oponerse al nuevo impuesto deberá discutirlo en el Tribunal Fiscal, con apelación ante el fuero contencioso administrativo. Sin embargo, el artículo 185 de esa ley, idéntico al 1164 del Código Aduanero, y el 186, impiden que el Tribunal Fiscal ejerza el control de constitucionalidad de las leyes, por lo cual distintos jueces federales del interior han otorgado medidas cautelares a grandes contribuyentes nacionales en acciones declarativas de inconstitucionalidad. La derogación esos artículos en la misma sesión en que se sancione el impuesto, aventaría ese riesgo. (...)".
En esa línea, los profesionales de la prensa más cercana al Frente de Todos decidieron atacar el concepto de que en la Argentina unos pocos pagan demasiados impuestos.
Por ejemplo, Raúl Dellatorre desde el diario Página/12, que pertenece al Grupo Octubre, cuyo rostro visibles es el sindicalista y dirigente político porteño Víctor Santa María, escribió algunas ideas que, probablemente, sean anticipatorias de alguna reforma tributaria en elaboración:
"(...) Una investigación publicada esta última semana por el Instituto del Pensamiento y Política Públicas, IPyPP, coordinado por Ana Rameri, revela datos interesantes sobre estas distorsiones. Contrariamente a lo que suele enarbolar el discurso dominante, Argentina no presenta niveles de presión tributaria que puedan calificarse de "elevados" en comparación con el resto del mundo. Datos del Banco Mundial de 2014 a 2017 presentan a Argentina en un nivel intermedio en la región ( en torno al 12% medido por recaudación tributaria en relación al PBI), y muy por debajo de la media europea (20,2%) y en un rango cercano al de EE.UU. (11,4%).
La gran diferencia se da en la estructura tributaria, porque mientras principalmente en Europa y Estados Unidos los impuestos directos ocupan un rol central en la recaudación, aquí la base de los tributos son aquellos que recaen sobre los consumidores (IVA, internos, combustibles). Recursos que, por otra parte, se van a ver severamente reducidos por efecto de la cuarentena y el impacto recesivo posterior.
Una de las observaciones del informe del IPyPP es que, mientras de acuerdo a los datos estadísticos de la Afip, en Argentina son 32.484 los individuos que declaran poseer bienes personales por valor superior a un millón de dólares, el estudio de la consultora privada de origen francés Capgemini asegura que son 114 mil los residentes argentinos que superan esa línea, tres veces y media la cantidad que lo declara.
La reciente revelación de la Afip en relación a la detección de 950 cuentas en el exterior, con cuentas no declaradas con saldos superiores al millón de dólares van en línea con esa sospecha. La IPyPP, en base a la información de Afip, muestra que de los 104.500 millones de dólares declarados por los 32.484 contribuyentes "millonarios" en dólares, el 68,4% se encontraba radicado en el exterior. Pero si el estudio se concentra en los contribuyentes declarantes con sumas superiores a los 10 millones, entonces la proporción en el exterior se eleva al 78,5%. (...)".
Rechazo a Melconián
En tanto, Alfredo Zaiat, alguna vez felicitado en público por Cristina Fernández de Kirchner, escribió la nota de tapa del diario Página/12, que intenta despejar los rumores de excesiva emisión de moneda sin respaldo, rechaza la propuesta de Carlos Melconián sobre coronamoneda y defiende la emisión administrada u orientada:
"(...) Para evitar que el colapso de la economía no se convierta en una tragedia social la emisión de dinero es la principal y más efectiva medida de política económica. La llevan a la práctica las bancas centrales de países desarrollados (Estados Unidos y la Unión Europea), como también de los emergentes. Hasta el FMI promueve con énfasis de que haya una muy fuerte emisión monetaria.
Jorge Carrera, vicepresidente 2° del Banco Central, indicó que analistas dicen que la base monetaria tuvo "un aumento enorme, fenomenal, desmesurado". Pero, en realidad, al 23 de abril pasado, había crecido 8,3 por ciento en lo que va del año y 40 por ciento en un año calendario. O sea, por debajo de la inflación. Esto significa que la base monetaria disminuyó en términos reales.
Esto implica que el Banco Central debería ser todavía más audaz en la expansión monetaria para evitar un colapso mayor de la economía. Ahora bien, esa emisión debe ser orientada y dirigida por la entidad monetaria; no debe quedar a voluntad de la banca.
Algunos economistas no son tan delirantes y piensan que es necesario garantizar la existencia de cierta masa de circulante, pero patinan cuando dicen que no sean pesos sino que la emisión sea de cuasimonedas.
Coronamoneda
El economista Carlos Melconian propuso crear la "coronamoneda", como instrumento monetario alternativo al peso, para no inundar de moneda nacional el mercado.
Aconseja que sea un bono y que actúe como un medio de pago del sector privado para atender salarios e impuestos.
El saldo de una medida monetaria de ese tipo sería una caída del poder de compra de los ingresos de los trabajadores, puesto que la cuasimoneda sería aceptada en los comercios por debajo de su paridad plena, tal como sucedió en la experiencia anterior a comienzos de este siglo.
Por su parte, el fisco perdería financiamiento propio cobrando impuestos de esa forma.
La "coronamoneda" será un beneficio para el mundo empresario que comprará esos papeles bajo la par para pagar impuestos que la AFIP lo tomaría al ciento por ciento.
Las cuasimonedas sirvieron en el 2001-2002 porque la convertibilidad implicaba una tipo de cambio fijo inamovible y, a la vez, limitaba la expansión monetaria a la cantidad de reservas en el Banco Central. Hoy el cuadro económico es muy diferente.
No son necesarias las cuasimonedas; lo que se requiere es emisión monetaria orientada por el Banco Central y entregada con condicionamientos y objetivos predeterminados a la banca privada nacional y extranjera. (...)".
El tema Clarín
Roberto Navarro, el director-fundador del multimedios El Destape, y con sólidos contactos con el Mundo K, publicó una nota editorial que debe considerarse con atención porque tiene que ver con la construcción de la agenda de opinión pública, las posibles 'fake news' y lo que ha ocurrido en las últimas horas (el fenomenal 'cacerolazo' contra la supuesta liberación masiva de presos):
"(...) En Argentina hay casi 100 mil presos y sólo quedan 4500 mil camas de terapia intensiva disponibles en todo el país. A su vez, la gente que entra y sale a diario de los presidios para trabajar se lleva el virus afuera y los difunde. La misma recomendación hicieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.
Así, en pocas semanas, Irán liberó o le dio prisión domiciliaria a 85 mil personas; Turquía, a 35 mil; Brasil, a 30 mil; Estados Unidos, a 16 mil; Francia, a 10 mil; España, a 8000; Inglaterra, a 4000 y Colombia también a 4000, por citar algunos casos.
En Argentina los medios acusaron al Gobierno de liberar miles de presos al voleo. La noticia real es que los jueces le dieron prisión domiciliaria a menos convictos que en los países arriba mencionados. Muchos hablaron de miles de violadores. Fernando González y Ricardo Roa en Clarín dijeron que era “una operación del kirchnerismo”.
La campaña de desinformación despertó la furia de miles de argentinos que salieron a sus balcones a manifestar rabia y miedo con un cacerolazo histórico. Las redes tuvieron millones de mensajes de enojo al respecto, muchos pagos, pero también reales. La opinión pública compró la noticia falsa y se asustó.
Ahora los jueces tenderán a frenar las domiciliarias por temor al escarnio público, los presos seguirán hacinados y la posibilidad de mayores contagios será muy alta. Se podría comparar con haber dejado abiertos los cines o los teatros o los bares. Así, una noticia falsa pone en peligro real la vida de los argentinos: de todos los argentinos, no solo de los presos. (...)".
