Ya en junio la deficiente relación juventud / adicciones / falta de contención / deficiencias del Estado fue un comentario en voz baja, fuera del II Congreso Arquidiocesano de Adicciones -en Córdoba con la participación de más de 500 personas-, pero aborado entre algunos de quienes llegaron hasta la Universidad Católica de Córdoba (UCC), entre quienes había miembros de los Hogares de Cristo.
En aquel momento el arzobispo de Córdoba, jesuita cardenal Ángel Rossi, asistía al consistorio convocado por el papa León XIV.
La Federación sostuvo que su planteo se centró “en un punto concreto”: la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al régimen penal va a aumentar la cantidad de detenidos en dispositivos que —según describió— “no cuentan con la infraestructura edilicia, educativa y profesional necesaria para sostener los estándares mínimos que exige la normativa vigente”.
La Federación remarcó que esa fue, precisamente, la cuestión que tomó la Justicia como eje de su resolución: “No se trata de discutir la ley en abstracto, sino de constatar que su aplicación inmediata, en el contexto real de los centros de la provincia, puede derivar en una afectación de derechos básicos de los adolescentes alojados allí”.
Familia Grande Hogar de Cristo recordó que el Tribunal fijó una audiencia para el 16/09, en la que los responsables de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez de la Provincia deberán informar qué medidas concretas están tomando —y con qué plazos— para adecuar la infraestructura existente a los estándares exigidos. La organización cerró el texto poniéndose “a disposición para aportar información y trabajo conjunto en la construcción de condiciones dignas para los adolescentes que atraviesan el sistema penal juvenil”.
El padre Pepe
Di Paola, nacido en Burzaco, es una de las figuras más conocidas del clero villero argentino. Él fue ordenado sacerdote en 1987 y en 1997 el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio , lo destinó a la Villa 21-24 de Barracas, donde vivió y trabajó durante 14 años.
En 2009 firmó, junto a otros 18 curas villeros, un documento público que denunciaba el avance del narcotráfico en los barrios populares de Buenos Aires, lo que derivó en amenazas contra él y sus compañeros y lo obligó a radicarse durante 2 años en Santiago del Estero, donde gozó de la protección del por entonces gobernador Gerardo Zamora.
Actualmente Di Paola coordina la Comisión Nacional de Pastoral de las Adicciones y sigue en Santiago del Estero, donde impulsó un nuevo Hogar de Cristo.
En junio de 2025 firmó un convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, para trabajar en la reinserción social de personas que salen de la cárcel.
La jueza
Pascual exigió evaluar si el sistema cuenta con la capacidad necesaria para implementar las nuevas disposiciones sin afectar los derechos de los adolescentes.
Relacionada durante años con Hilda González de Duhalde, ella integró el Consejo Provincial del Menor y la Familia, el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, y fue ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires.
En el pasado, ella impulsó Involucrados, una iniciativa con el municipio de Almirante Brown y la Universidad Nacional Guillermo Brown para promover que los adolescentes reparen el daño causado y reconstruyan sus vínculos con la comunidad.
También la Red de Potreros Digitales, orientada a capacitar en tecnología a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Su fallo se conoció 2 días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorporó al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años y modificó las condiciones para la aplicación de las penas al reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
Antes de su fallo había asegurado: “No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad” y agregó “tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley”.
Uno de los principales argumentos del fallo se relaciona conque un Juzgado de 1ra. instancia no puede asumir facultades propias del Poder Legislativo ni suspender de manera general una norma sancionada por el Congreso. También destacó que una decisión judicial no puede extenderse automáticamente a toda la provincia.
El reclamo
La ONG Usina de la Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual que suspendió por 60 días el Régimen Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires.
"A través de nuestro apoderado, el doctor Fernando Soto, nos presentamos como querellantes en la causa penal que hicimos contra la juez Marta Pascual por Usurpación Funcional y Abuso de Autoridad", indicó la organización en su cuenta de la red social X.
Para la entidad, la determinación es “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho” y viola la división de poderes, debido a que, la magistrada suspendió una norma que fue aprobada por el Congreso Nacional.
Usina de la Justicia fue cofundada por la Doctora en Filosofía (UBA), Diana Cohen Agrest, en 2014, quien en 2011 padeció el asesinato en un robo de su hijo Ezequiel, de 26 años. Ella decidió estudiar por qué el sistema penal no había podido evitarlo.
Co-patrocinante en la presentación fue Martín Sarubbi, el abogado que realizó la defensa exitosa del oficial Luis Chocobar en caso de legítima defensa que marcó jurisprudencia en Argentina.
En 2026 fue mencionado cuando se hizo cargo de la defensa de Konstantin Rudnev, uno de los imputados en el caso conocido como la "secta rusa de Bariloche".
Disidencia
El Juzgado de Garantías del Joven de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la jueza Mirta Guarino, resolvió continuar aplicando la reforma de la Ley Penal Juvenil, pese a la cautelar dictada por Marta Elba Pascual en Lomas de Zamora. La medida fue adoptada al considerar que aquella decisión no tiene efectos jurídicos vinculantes en su jurisdicción.
La resolución representa un nuevo capítulo en la discusión judicial por la implementación de la reforma penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Pascual había dispuesto suspender durante 60 días su aplicación al advertir que el sistema no contaba con las condiciones necesarias para afrontar la ampliación del régimen previsto por la nueva normativa.
Para el juzgado de Moreno-General Rodríguez, las deficiencias edilicias, presupuestarias o de infraestructura no alcanzan para dejar sin efecto una ley vigente. Según sostuvo Guarino, esas dificultades deben ser atendidas por el Estado mediante las medidas necesarias, mientras que los cuestionamientos de constitucionalidad deben ser evaluados de manera particular en cada caso.
El juicio político
La diputada nacional Lorena Petrovich (La Libertad Avanza) anunció: “Vamos a pedir, obviamente, un juicio político para esta persona. Necesitamos hacer un cambio rotundo también en la Justicia, un cambio de mentalidad”, sostuvo.
La diputada advirtió que, según su evaluación, los hechos de inseguridad en territorio bonaerense son cada vez más violentos y señaló que las víctimas enfrentan riesgos que exceden la pérdida de sus pertenencias. Ella defendió, en ese sentido, el endurecimiento de las penas para que quien salga a robar “lo piense dos veces”.
Consultada sobre las condiciones de los establecimientos de detención y las posibilidades de reinserción de los jóvenes, reconoció que hace falta ampliar la infraestructura.
“Necesitamos más cárceles”, expresó, y agregó que también se requieren más institutos para que los jóvenes que delinquen puedan permanecer en condiciones dignas.
Petrovich planteó que los menores deben estudiar, practicar deportes, aprender oficios y recibir atención psicológica, además de permanecer separados de los adultos. También señaló la necesidad de trabajar sobre su entorno familiar y social.
La legisladora sostuvo que cada caso debe evaluarse de manera particular y diferenció tanto a quienes ingresan por primera vez de quienes reiteran delitos como a los autores de hurtos o robos de quienes cometen homicidios.
El PRO también impulsará el pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual.
El presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, aseveró: “Hablamos sobre lo que está pasando en la provincia en el ámbito de la inseguridad, de la importancia que tiene hoy que el Ministerio de Seguridad de la Nación trabaje. Realmente no podemos entender, básicamente en términos políticos, cómo el gobernador, la verdad que se concentra mucho más en la interna de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. No da respuestas”.
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