Desde hace un largo periodo, su administración impulsa la necesidad de modificar el umbral de imputabilidad, criticando aquellas visiones que, a su entender, invierten los roles al considerar a los infractores como víctimas del sistema.
Sobre ese marco, la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, aseguró que la decisión de dicha gestión "es muy clara".
"Por dentro de la ley todo, por fuera de la ley absolutamente nada. Vamos a seguir invirtiendo en obra carcelaria, en estaciones policiales, y en un trabajo sostenido de prevención e investigación, pero también de desarrollo de la aplicación de esta normativa". "Por dentro de la ley todo, por fuera de la ley absolutamente nada. Vamos a seguir invirtiendo en obra carcelaria, en estaciones policiales, y en un trabajo sostenido de prevención e investigación, pero también de desarrollo de la aplicación de esta normativa".
Preparativos y recursos en territorio santafesino
Frente a este escenario, la administración provincial ratificó que se encuentra en condiciones óptimas para avanzar con la adecuación al nuevo marco legal que fija en catorce años la edad mínima para responder ante la justicia por delitos graves.
Para respaldar esta transición, la gestión local aseguró haber destinado los medios necesarios en materia de infraestructura, tales como dispositivos de monitoreo electrónico, establecimientos especializados para jóvenes y módulos penitenciarios particulares destinados a los casos de mayor complejidad.
Contraste de miradas: Seguridad vs. infraestructura
La controversia se originó a raíz de la resolución de la jueza Marta Elba Pascual, quien dictó una medida cautelar por un plazo de sesenta días al advertir sobre posibles falencias estructurales y carencias en los centros de alojamiento respecto a la contención, educación y reinserción social de los adolescentes.
Mientras el sector judicial prioriza la revisión de las garantías materiales y los recursos disponibles antes de avanzar con detenciones masivas, la postura gubernamental representada por el mandatario santafesino insiste en que el foco principal debe colocarse en la firmeza institucional para combatir el delito y aplicar la ley sin dilaciones.
Pullaro rechazó fallo judicial de Buenos Aires que frenó la baja de imputabilidad y afirmó que Santa Fe sí está lista para aplicar la ley.
Maximiliano Pullaro se diferencia de Axel Kicillof
El gobernador apuesta a avanzar a fondo para acelerar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en su territorio. La medida apunta a dotar al sistema judicial de herramientas más estrictas e inmediatas frente al aumento de la participación de menores en delitos violentos y su captación por parte del crimen organizado.
Dicha iniciativa expone un fuerte contraste político y de gestión con la provincia de Buenos Aires, comandada por Kicillof, donde el empleo de la normativa está paralizada por los amparos judiciales mencionados anteriormente.
Por ende, mientras la administración de Pullaro busca exhibir firmeza y respuestas rápidas contra la impunidad en Santa Fe, el escenario bonaerense sigue empantanado entre el garantismo y la inacción institucional ante la escalada delictiva.
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