En su fallo, Pascual subrayó que el hacinamiento incrementa los niveles de violencia y advirtió sobre las consecuencias del encierro en la futura reinserción social de los jóvenes.
Según detalla el medio especializado, la jueza viene monitoreando desde hace años las condiciones de detención en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde meses atrás tuvo que limitar el cupo a 60 adolescentes porque el lugar no cumplía con los estándares mínimos de alojamiento.
Pese a las mejoras alcanzadas en cuestiones edilicias, de alimentación y agua potable, la jueza sostuvo que todavía no se garantiza un piso mínimo de derechos, y que persisten deudas en el acceso a la educación, la formación profesional y la reducción de los tiempos de aislamiento.
A partir de esas constataciones, consideró que la situación se repite en otros dispositivos de la provincia y que aplicar de inmediato una ley que aumentará la cantidad de adolescentes detenidos, sin haber resuelto antes esas falencias estructurales, agravaría una situación ya crítica.
“Hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”, advirtió la jueza, para quien las condiciones de encierro determinan el nivel de violencia con el que esos jóvenes, ya adultos, eventualmente volverán a la sociedad.
Asimismo, aclaró que la decisión no constituye un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley de fondo, sino una acción frente al peligro cierto de vulneración de derechos fundamentales.
Para avanzar en el monitoreo de la situación, la jueza convocó a una audiencia formal para el próximo 16/09 a las 10:00, a la que deberán comparecer altos funcionarios del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNYA) para informar los planes de adecuación institucional ante la nueva legislación.
Reacción de Bullrich
Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, salió al cruce de la decisión de Pascual y la vinculó a una "justicia provincial garantista" que "deja libre" a los delincuentes.
Bullrich además acusó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de ponerse "del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad".
En un mensaje en redes, la senadora oficialista dijo que en Buenos Aires "también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias".
"Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga", concluyó en un juego de palabras con la posición del Gobierno Nacional sobre el tema.
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