La sesión de este jueves será la instancia decisiva para conocer si Rosario incorpora formalmente a Uber, DiDi y otras plataformas a su marco regulatorio.
La iniciativa llegará al recinto este jueves 29 de octubre, con un acuerdo entre el oficialismo de Unidos y La Libertad Avanza, aunque todavía no constituye una ordenanza aprobada.
El entendimiento modificó dos puntos centrales de la propuesta original, las plataformas podrán establecer sus propias tarifas, sin un piso obligatorio, y no deberán afrontar las tasas específicas que se discutieron durante el tratamiento. A cambio, el texto mantiene condiciones para identificar a los conductores y controlar los vehículos. La posibilidad de realizar viajes en moto quedó excluida.
La discusión impacta directamente en el sistema de movilidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y enfrenta posiciones contrapuestas sobre la competencia entre las aplicaciones, los taxis y los remises. Mientras sus impulsores buscan incorporar los servicios digitales a un marco municipal, los bloques opositores advierten sobre los efectos de la desregulación tarifaria y las condiciones laborales.
El proyecto crea el Registro de Plataformas Electrónicas de Transporte, que estará bajo la órbita de la Secretaría de Movilidad municipal. Ahí deberán inscribirse los operadores autorizados para prestar estos servicios. Según la información difundida por el Concejo, el registro deberá publicarse y actualizarse en el sitio oficial del área.
La propuesta también contempla la posibilidad de solicitar taxis habilitados mediante aplicaciones, además de incorporar a las plataformas que intermedian viajes privados. De esta manera, la iniciativa busca establecer reglas para distintas modalidades de transporte que hoy conviven en la ciudad.
La autorización para operar tendrá una vigencia de cinco años, siempre que no se produzcan modificaciones en la titularidad que obliguen a revisar las condiciones correspondientes.
Otro punto relevante es la obligación de que las plataformas entreguen información periódica al Ente de la Movilidad de Rosario. Entre los datos previstos figuran la cantidad de viajes, los puntos de origen y destino, los kilómetros recorridos con y sin pasajeros y la duración promedio de los trayectos. La información permitirá al municipio contar con registros sobre la actividad.
La eliminación de la tarifa mínima fue una de las condiciones centrales para destrabar el acuerdo político. El proyecto original contemplaba un piso tarifario, con el objetivo de evitar que los viajes mediante aplicaciones compitieran con el boleto del transporte urbano de pasajeros.
La Libertad Avanza cuestionó esa disposición al considerar que los precios deben surgir de un acuerdo entre las plataformas y sus usuarios. Después de las negociaciones con Unidos, el texto dejó de establecer esa tarifa mínima y tampoco incorporó una banda de precios máximos y mínimos.
El acuerdo también excluyó las tasas específicas que se habían planteado para las plataformas. Esos cambios permitieron reunir los apoyos necesarios para que el proyecto obtuviera despacho en las comisiones.
La decisión, sin embargo, abrió otro frente de discusión. El bloque Peronista y Ciudad Futura sostienen que la falta de límites tarifarios puede profundizar las diferencias entre las aplicaciones y los servicios tradicionales, que operan bajo otras obligaciones municipales.
La propuesta no supone una habilitación sin controles. Los conductores deberán contar con licencia profesional, mientras que los vehículos tendrán que disponer de la Verificación Técnica Vehicular o Revisión Técnica Obligatoria vigente y adecuada al transporte de pasajeros.
El texto establece un plazo de seis meses para que los conductores se adapten a las exigencias de licencia previstas. También contempla la obligación de contar con seguros correspondientes a la actividad y mecanismos de identificación dentro del automóvil.
En el reverso del asiento del acompañante deberá exhibirse el nombre de la aplicación a la que está vinculado el vehículo, junto con un código QR que permita consultar información sobre el automóvil y el conductor.
Estas disposiciones buscan facilitar los controles y permitir que los pasajeros identifiquen el servicio que contrataron. El alcance definitivo de las obligaciones dependerá del texto que finalmente apruebe el Concejo y de su implementación por parte de las autoridades municipales.
Uno de los puntos que no logró modificarse durante las negociaciones fue la exclusión de las motocicletas. El oficialismo mantuvo su postura de no incorporar esa modalidad al proyecto, con el argumento de que existen dificultades para garantizar una cobertura de seguros adecuada para el traslado de pasajeros.
La discusión también dejó diferencias dentro de los bloques que respaldan la iniciativa. La Libertad Avanza buscaba una regulación más amplia, mientras que Unidos mantuvo la exclusión de las motocicletas.
El bloque Peronista y Ciudad Futura anticiparon su rechazo en el recinto. Entre sus objeciones figuran la eliminación de la tarifa mínima, la falta de una tasa específica para financiar controles y la ausencia de una banda tarifaria que limite los precios.
También reclaman garantías para los trabajadores y mecanismos que permitan sostener el sistema de transporte público. Desde esa perspectiva, la competencia entre aplicaciones, taxis y remises no depende únicamente del precio que paga el pasajero, sino también de las obligaciones que debe afrontar cada modalidad.
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