CÓRDOBA. Si bien Uber es una plataforma instalada en buena parte del mundo, en Argentina su presencia es ambigua. A pesar de tener representación oficial, la aplicación norteamericana presta servicio de manera oficial en muy pocos lugares.
Naturalmente, Uber se presenta a sí misma como una posibilidad de trabajo sin necesidad de un proceso burocrático. Esto último choca directamente contra la génesis del Estado en Argentina, envuelto en una maraña burocrática en cada uno de sus niveles.
Esa diferencia puede verse bien representada en la lucha de Uber en Córdoba Capital, la segunda ciudad más poblada del país. Allí, la empresa norteamericana no está habilitada a prestar servicio de manera formal.
Sin embargo, en la práctica hay conductores que operan con el sistema Uber. Claro, al no haber una relación laboral directa, los responsables de la transgresión son los choferes.
Desde su desembarco en 2020, las cosas no fueron fáciles para Uber en Córdoba. A los pocos meses de la puesta en funcionamiento, la compañía se chocó con las regulaciones locales que van en contra de su actividad.
En Córdoba, tanto taxis como remises son regulados directamente por la Municipalidad de Córdoba. Es el Estado el que emite las matrículas para los autos, que deben cumplir con una serie de normativas para poder prestar servicio.
Al mismo tiempo, Uber se lanzó a ofrecer una descentralización que no fue posible legalmente. Y tampoco políticamente.
Para los que ya estaban dentro del circuito estatal, la operación de Uber en Córdoba resulta una molesta “injusticia”. Algo que el Municipio recogió como lucha propia.
Desde entonces, las medidas legales fueron y vinieron a pesar del vacío legal que existe respecto a la actividad. Ante ello, el Estado municipal tomó la determinación de ser inflexible en las exigencias para quienes presten servicios de traslado.
Con controles sorpresa y cuantiosas multas, la Secretaría de Transporte de la Municipalidad desalentó fuertemente la utilización de las aplicaciones como Uber. Sin embargo, aún hay miles de usuarios cordobeses registrados y activos ofreciendo sus vehículos.
Al respecto, el último movimiento de Córdoba ingresó al Concejo Deliberante hace pocas horas. Un proyecto de ley para aumentar las multas a los infractores que operen de manera “ilegal”.
Hasta hoy, Uber se dispuso a abonar las multas de los conductores con tal de que la aplicación siga funcionando. Por ello, la Municipalidad de Córdoba iría más allá.
Actualmente, las multas en Córdoba rondan los 100 mil pesos. Para ello, la Municipalidad efectúa la retención del vehículo del infractor.
Con el nuevo proyecto, Córdoba pasaría a cobrar hasta 500 mil para recuperar el vehículo. Una suma que podría desalentar a Uber de seguir solventando las sanciones.
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