Para Barra, “de modo alguno podría interpretarse que el marco normativo veda a la SIGEN a ejercer el control interno”, ya que el hecho de que la Ley de Educación Superior prevea expresamente que todas las universidades “deben generar mecanismos de auditoría interna”, no implica que el organismo no pueda cumplir también ese rol.
“Ello no solo no surge de la norma, sino que tampoco sería incompatible uno y otro control, que se encuentran presentes –ambos– en la mayoría de los entes descentralizados o autárquicos”, remarcó el procurador del Tesoro.
Hay quienes ya hablan de una posible judicialización:
En tanto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salió a celebrar la resolución:
Cabe recordar que antes de 2022, las universidades tenían mayor grado de control por parte de la SIGEN. En noviembre de dicho año, Zannini resolvió que a las universidades nacionales no se les debía aplicar el artículo 100 de la ley de Administración Financiera (cuyas disposiciones abarcan a toda la administración nacional, incluidos los entes públicos con autarquía financiera), debido a un artículo incluido en el presupuesto de 2020.
El efecto de esta interpretación resultó en que las universidades sólo podían ser auditadas cuando la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso lo dispusieran.
En 2023, el entonces ministro de Educación Jaime Perzyck había firmado un convenio con la SIGEN por el que comenzó un esquema optativo por parte de las casas de estudio, que podían solicitar auditoría por parte del organismo.
Ahora, con esta resolución, que da respuesta a un requerimiento de la Secretaría de Educación que había pedido autorizar el contralor a través del organismo del Ejecutivo, las auditorías pasarán a ser realizadas por la SIGEN.
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