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Top secret: Tiembla Comodoro Py por la base El Dorado

Los jueces federales, principalmente de Comodoro Py, se encuentran en alerta por un hackeo masivo a celulares y faltantes de documentación top secret.

Continúa el escándalo por un supuesto hackeo masivo a jueces federales, principalmente de Comodoro Py. Ahora, denuncian que desaparecieron 82 sobres con información muy sensible por contener declaraciones juradas de magistrados que llevan adelante causas contra políticos. De acuerdo al informe que se filtró a la prensa, también había una caja separada con la palabra "jueces".

Dice el dictamen del fiscal Ramiro González que informó a juez Daniel Rafecas, al que accedieron Clarín e Infobae: “Obsérvese que han tomado estado público diferentes situaciones de injerencia a la intimidad de magistrados y funcionarios cuyos datos podrían haber surgido de la filtración de la información contenida en las declaraciones juradas en cuestión. En razón de todo lo expuesto, entiendo necesario realizar nuevas medidas que permitan dimensionar el cuadro de situación en la que se encontraban dichas declaraciones juradas como así también procurando determinar cómo sucedieron esos faltantes y aperturas”.

De acuerdo a lo detallado por la periodista Lucía Salinas en Clarín, "el informe general de la Oficina de Declaraciones Juradas que se inició después de que en julio de 2022 se detectó la intrusión a la oficina del Consejo de la Magistratura responsable de resguardar documentación sensible de jueces nacionales y federales, expuso preocupantes datos: actualmente hay 82 sobres desaparecidos que cuentan con anexos reservados, 277 anexos fueron abiertos y 55 documentos manipulados. Además, una caja con el rótulo 'JUECES' que se encontraba en otro piso, también llamó la atención".

Todo esto luego de que el joven de 22 años, Ezequiel Nuñes Pinheiro, reconociera que fue contratado en El Dorado, Misiones, para hackear a 18 objetivos, que luego se supo que habían jueces y funcionarios.

En 2022, con pocos días de diferencia, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que juzgaban el caso Vialidad, perdieron el control de sus celulares, mientras el juicio contra Cristina Kirchner se encontraba en etapa de alegatos de las defensas, después de un pedido de condena del fiscal Diego Luciani. A su vez, cuando el juicio iba a etapa de alegatos, se detectó la intrusión de desconocidos en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales de jueces del Consejo de la Magistratura.

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Sobres: Quiénes son los jueces federales de Comodoro Py

Ahora, la periodista Patricia Blanco agregó desde Infobae que "entre los sobres abiertos aparecen los de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci, o los del tribunal oral que juzgaba en ese momento a Cristina Kirchner: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Muchos de esos jueces sufrieron después problemas con sus teléfonos: buscaron entrar a sus comunicaciones. Con una misma mecánica, un mismo lugar (Misiones) y en un mismo período.

Pero ¿hubo más víctimas del robo de declaraciones juradas? Infobae pudo saber que en las últimas horas llegaron a Comodoro Py 2002 una serie de documentos que ya están bajo análisis del Plenario del Consejo de la Magistratura: el Informe General de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimonial, con motivo de la intervención dispuesta mediante Resolución CM 96/2022 y del Informe presentado por el Cuerpo de Auditores".

El juez federal Andrés Basso, que integró el tribunal oral que juzgó a Cristina Kirchner y votó por condenarla por asociación ilícita, formalizó una denuncia penal para que se investigue el hackeo a su teléfono celular en octubre del año pasado, en las instancias finales del debate oral que se sustanció contra la vicepresidenta, un grupo de ex funcionarios y el empresario Lázaro Báez.

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Hackeo y espionaje: Polémica en la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti denunció hoy penalmente que le aparecieron cuatro líneas telefónicas a su nombre, revelaron a Infobae fuentes judiciales. La presentación se hizo esta mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002. El fiscal Gerardo Pollicita, de turno, intervino para llevar adelante las primeras medidas urgentes para reguardar la informción. Luego por sorteo, la causa recayó en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa.

Según pudo saber Infobae, las líneas fueron habilitadas en enero y se gestionaron en Misiones. El juez del máximo tribunal se enteró casi por casualidad: llegaron a su casa de Santa Fe reclamos de la empresa de telefonía exigiendo el pago. Las boletas venían de la empresa Personal, una firma de la que ni siquiera es cliente. En ese contexto, mandó cartas documento a la empresa.

Lo que se reveló es que cuando se activaron las líneas de Rosatti, se descubrió que desde ese dispositivo también se activaron líneas a nombre de Rosenkrantz y de Skanata, una jueza trasladada por Cristina Kirchner en 2015 al juzgado federal con competencia electoral de Misiones.

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