Por último, desde el gobierno de Tierra del Fuego reclamaron a la Casa Rosada que informe "de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia".
También volvieron a exigir "el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto".
El buque, con capacidad para albergar más de 500.000 barriles de crudo en sus bodegas, se apresta a recibir el crudo extraído por el consorcio operado por la francesa TotalEnergies y conformado por Pan American Energy (PAE) y la alemana Wintershall Dea; cuyos activos de exploración y producción fueron absorbidos internacionalmente por la británica Harbour Energy.
Duras críticas a la invervención en el Puerto de Ushuaia
Los trabajadores del puerto de Ushuaia también están furiosos. Gastón Castillo, director administrativo contable, en declaraciones a 'AIRE LIBRE FM' de Río Grande, sostuvo que la intervención "opera sin transparencia" y cuestionó que ningún funcionario nacional haya salido públicamente a explicar por qué se autorizó el ingreso de la embarcación.
"Nosotros decimos que han generado un Estado aparte con el puerto", afirmó Castillo. Según explicó, desde el comienzo de la intervención los trabajadores no recibieron información sobre decisiones de ese tipo y aseguró que la Provincia tampoco fue notificada de la llegada del buque petrolero de bandera británica.
Castillo también advirtió por la situación de los 82 trabajadores que fueron reasignados tras la intervención y alertó que, si la medida se prolonga, podría verse afectado el pago de salarios por la caída de los ingresos del puerto. "Nuestros puestos de trabajo naturales están intervenidos", señaló y cuestionó además que las decisiones adoptadas por la intervención se realicen sin contemplar las leyes provinciales.
El trabajador recordó que la intervención comenzó el 21 de enero y que la resolución estableció inicialmente un plazo de 12 meses, aunque advirtió que las licitaciones en marcha podrían extender su permanencia. En ese contexto, cuestionó que los interventores actúen bajo directivas nacionales y sin coordinación con las autoridades fueguinas.
El antecedente del HMS Medway
El patrullero británico atravesó el mar territorial sin completar el procedimiento ante la Prefectura y restringió la transmisión de su posición durante el recorrido entre Malvinas y Punta Arenas.
Por otra parte, la polémica llega pocas semanas después de otro episodio que involucró a un buque británico. En julio, el HMS Medway, patrullero de la Royal Navy destacado ilegalmente en Malvinas, navegó desde las islas hacia Chile y atravesó aguas argentinas. En aquella oportunidad, el propio Gobierno nacional presentó una protesta diplomática contra el Reino Unido. La Cancillería sostuvo que los movimientos del buque no habían sido debidamente notificados y que su tránsito por el Mar Territorial argentino constituía una violación de compromisos bilaterales.
Como fuere, la sucesión de ambos episodios vuelve a poner bajo la lupa la política del Gobierno frente a la soberanía argentina sobre Malvinas. Mientras la administración de Milei sostiene públicamente el reclamo argentino sobre las islas, en Ushuaia una dependencia nacional habilitó la operación de un buque de bandera británica en un puerto cuya intervención fue justificada, entre otros argumentos, por su carácter estratégico para los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
El comunicado completo:
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia.
Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.
La gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce. El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales.
En suma, se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular.
Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral. Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica.
La defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular.
Por ello, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
Reclama al Gobierno nacional que informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia.
Exige el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideramos ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.
Advierte que Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.
Convoca a todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y a impedir que la defensa de la soberanía nacional sea reducida a una mera declaración retórica.
La Provincia continuará defendiendo, por todos los medios institucionales a su alcance, sus competencias y los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur.
La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo.
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