Enriquecimiento ilícito
La denuncia por enriquecimiento ilícito fue presentada en diciembre de 2015 por los abogados radicales Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, a partir de una investigación publicada por la revista Análisis. Urribarri había dejado la gobernación semanas antes y asumido como presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
La causa analiza el crecimiento patrimonial registrado durante su gestión y su correspondencia con los ingresos declarados. Según estimaciones de la Fiscalía, el patrimonio cuestionado alcanzaría una cifra cercana a US$7 millones.
La defensa cuestionó aspectos formales del procedimiento. Esas presentaciones demoraron el trámite, que se retomará a mediados de octubre. Una vez concluida esa etapa, el expediente quedará en condiciones de llegar a un tribunal.
Contratos en la Legislatura
Urribarri también está mencionado en una investigación por un presunto desfalco al Estado mediante contrataciones de personal temporal en la Legislatura de Entre Ríos.
El mecanismo investigado consistía en contratar personas que cobraban fondos de la Legislatura y luego los entregaban a un estudio contable encargado de administrarlos. Los contratados retenían una parte del dinero y el resto habría sido destinado a dirigentes políticos. Según la Fiscalía de Estado, el perjuicio producido entre 2008 y 2018 ascendería a $392 millones a valores históricos.
La causa fue dividida en dos etapas.
“Contratos I” se investiga a quienes habrían ejecutado el mecanismo. Entre los acusados está Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.
“Contratos II” corresponde a los presuntos responsables políticos y allí está mencionado el exgobernador. El delito es peculado imprudente o doloso, cuya pena máxima es una multa y no contempla prisión.
Para avanzar contra Urribarri y los demás responsables políticos por el perjuicio al Estado, primero debe acreditar el daño. Luego, si los responsables políticos de la Legislatura permitieron, por negligencia o desidia, que se produjera el perjuicio.
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