Y aunque el juez original rechace, la decisión sería pasible de revisión por parte de la Cámara Federal, ya que al hacerse cargo de la acción penal, Rodríguez planteó además una apelación subsidiaria con ese fin.
“A criterio de este organismo la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba”, indicó la PIA en su presentación.
“En consideración de esta Procuraduría de las propias constancias analizadas por el magistrado interviniente [...] surge que la evidencia recolectada en el expediente requiere la profundización de la investigación de la prueba obtenida”, agrega.
En ese sentido, Rodríguez estimó que “no existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario”, dada la falta de colaboración de otras jurisdicciones, como USA, por ejemplo, o el peritaje forense de algunos teléfonos celulares. Más aún, indicó, dadas las “maniobras de entorpecimiento y ocultamiento desplegadas por algunos de los imputados”, como Mauricio Novelli y Sergio Morales, que borraron contenidos.
El fiscal anticorrupción hizo hincapié en uno de los temas que el sobreseimiento de Taiano y de Giorgi no resolvió: cómo Milei accedió al código alfanumérico para invertir en $LIBRA que luego compartió en las redes. “Resta dilucidar cómo hizo el Presidente para difundir un contrato que aparentemente no era de acceso público ni estaba en las redes”, sostuvo Rodríguez.
El tuit con el que el Presidente "difundió" la existencia de la cripto $LIBRA.
El fiscal Taiano, que tenía delegada la investigación, concluyó que no se cometió ningún delito por la promoción y colapso del criptoactivo. Sostuvo que no hubo estafa, ni negociaciones incompatibles con la función pública ni tráfico de influencias, lo que fue sostenido por el juez Martínez de Giorgi.
No obstante, el jefe de la PIA consideró que la investigación sobre si $LIBRA "se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir" no se encuentra "en el final" sino "en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria”.
La PIA defendió, además, la “cadena de custodia” de los peritajes desarrollados, y rechazó el “manto de duda” tendido sobre el material, “en base a afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.
El fiscal Rodríguez también consideró necesario ahondar en el peritaje sobre la nota “final agreement as discussed with H” [“acuerdo final según lo discutido con H”], en la que Novelli aludió a pagos por US$5 millones; en particular, dado el “acotado alcance” del análisis desarrollado hasta ahora sobre eventual acuerdo, lo que indicó que no permite descartar la hipótesis delictiva.
La intervención de la PIA respondió a una presentación que habían realizado el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), las dos organizaciones que participan en el expediente como “amicus curiae” (amigos del tribunal). Ambas habían reclamado que la PIA, como organismo especializado, asumiera directamente la persecución penal para evitar el cierre definitivo de una investigación que consideraban prematuro.
En los días posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA, el 14/02 de 2025, la propia PIA ya había abierto una investigación propia, antes de que el episodio llegara a los tribunales. Sin embargo, tras la apertura de la causa penal, Taiano nunca le dio intervención durante el año y medio que tuvo a su cargo la pesquisa, pese a que el organismo suele participar en causas que involucran a funcionarios públicos.
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