No todas las dependencias alcanzadas realizan los mismos trámites. Algunas tienen competencia sobre automotores y créditos prendarios, otras están dedicadas a motovehículos o a maquinaria agrícola, vial e industrial.
¿Qué pasará con los trámites y los legajos de los autos?
Uno de los puntos centrales de la resolución es la reasignación de los dominios radicados en las oficinas suprimidas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá trasladar esas inscripciones a dependencias que continúen operativas.
Los vehículos no quedan sin registro por el cierre de una sede. Sus antecedentes y legajos deberán quedar bajo la órbita de otra oficina habilitada. La normativa ordena adoptar las medidas administrativas, registrales, documentales e informáticas necesarias para garantizar esa continuidad.
El plazo establecido es de 60 días hábiles. Durante ese período deberá concretarse el cierre operativo de las dependencias incluidas en los anexos y la reasignación correspondiente.
Para los propietarios, la cuestión será identificar qué registro tendrá a cargo su dominio una vez implementados los cambios. La resolución establece el procedimiento general, pero la distribución concreta de los vehículos dependerá de las asignaciones que realice la Dirección Nacional.
¿Los registros que siguen abiertos podrán hacer todos los trámites?
La reorganización también modifica la distribución de competencias. Según el artículo 3 de la Resolución 538/2026, los registros que permanezcan operativos podrán inscribir trámites vinculados con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas con registro sobre bienes muebles no registrables.
La habilitación deberá contar con una orden previa de la Dirección Nacional. Esto significa que las oficinas podrán incorporar funciones que antes estaban asignadas a dependencias especializadas.
¿Por qué el Gobierno está cerrando los Registros del Automotor?
La nueva medida se inscribe en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado mediante la Resolución 306/2026. Ese programa propone avanzar desde un esquema basado en documentación física y atención presencial hacia una gestión con mayor participación de herramientas digitales.
El proceso incluye la digitalización de legajos, la simplificación de procedimientos y la reducción progresiva de estructuras físicas. La normativa sostiene que la tecnología permitiría disminuir costos operativos, automatizar tareas y facilitar el acceso remoto a los antecedentes registrales.
La reorganización también tiene antecedentes. En agosto, mediante la Resolución 411/2026, el Ministerio de Justicia dispuso la unificación de 368 registros que funcionaban bajo la responsabilidad de un mismo encargado y la supresión de otros 14.
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