Por otro lado, agregó: “Establecemos plazos mucho más breves y perentorios para los expedientes. Una denuncia contra un juez ya no podrá tramitarse durante tres años, ese plazo se reduce a doce meses. Si la comisión de Disciplina no logra avanzar en ese año, el expediente debe tratarse directamente por el pleno. Además, se acortan los tiempos de los concursos para suplir una de las mayores falencias que tiene hoy el Poder Judicial que son los tribunales vacantes”.
“También aplicamos la equidad de género y actualizamos el reglamento para garantizar la pluralidad y la visión federal”, añadió el legislador opositor.
Por último, desde la oposición dijeron estar convencidos “de la necesidad de contar con una norma legal que sea formulada con claridad, ofreciendo seguridad jurídica en su interpretación y aplicación, resguardando la independencia judicial y la búsqueda permanente de un más eficiente servicio de justicia y que sea, ésta ley, el fruto de amplios consensos políticos, en el intento de que los órganos que hacen a la estructura misma del Poder Judicial de la Nación no se encuentren bajo el predominio o condicionamiento de ningún partido o sector y se constituyan, tanto el Consejo como el Jurado de Enjuiciamiento, a través de la presente norma legal, en una sólida base de un Poder Judicial independiente y eficiente, que brinde la respuesta jurisdiccional que la sociedad reclama en base a decisiones justas, razonables, fundadas y en tiempo oportuno”.