La intención de Poggi es desprenderse del inmueble, trasladar la representación provincial a oficinas más prácticas y destinar parte del dinero obtenido a la reconstrucción del Hospital Juan Domingo Perón, ubicado en Villa Mercedes.
No es la primera vez que lo intenta. En 2024, la Legislatura provincial autorizó la venta mediante una ley que obtuvo 24 votos afirmativos y 17 negativos. La oposición estuvo encabezada por legisladores vinculados al exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
Aquel año se organizó una subasta con un precio inicial de US$2.951.318, pero ningún comprador presentó una oferta.
Ahora, la administración provincial decidió insistir. El Tribunal de Tasaciones de la Nación estableció un nuevo valor de US$2.927.392, apenas unos 24.000 dólares menos que en el intento anterior.
El resultado de la operación se conocerá en diciembre, cuando se determine si finalmente aparecen interesados en adquirir la propiedad.
El senador Abdala y una promesa electoral
La decisión de Poggi encontró una fuerte resistencia en Bartolomé Abdala, quien considera que desprenderse del edificio significaría perder un patrimonio de gran valor para los habitantes de San Luis.
En declaraciones al Diario de la República, el senador sostuvo que el inmueble podría aprovecharse de una manera diferente, incluso para ofrecer alojamiento a ciudadanos de la provincia que deban viajar a Buenos Aires por tratamientos médicos.
Pero el cuestionamiento no quedó limitado al destino del edificio. Abdala también puso sobre la mesa sus aspiraciones de llegar a la gobernación en 2027 y anticipó que, si resulta elegido, intentará revertir la decisión de Poggi.
“Cuando sea gobernador, si él la vende, voy a intentar comprarla por la misma plata que él la vende”, aseguró.
El senador también advirtió que la propiedad no debería venderse por debajo de su valor y recordó que ya se había opuesto a una iniciativa similar durante la anterior gestión de Poggi.
Sus declaraciones introdujeron un nuevo elemento en la discusión: la posibilidad de que una operación inmobiliaria impulsada por el actual gobierno provincial termine convertida en una promesa de campaña de uno de sus posibles competidores.
Una pelea que anticipa la disputa por la gobernación de San Luis
El enfrentamiento tiene un trasfondo que va mucho más allá del Palacio Lagomarsino.
Abdala no oculta sus intenciones de competir por la gobernación en las elecciones de 2027, una aspiración que ya había provocado controversias en septiembre de 2024.
Durante una entrevista televisiva en TN, el senador reconoció que entre 12 y 13 de sus 20 asesores trabajaban en San Luis, donde buscaba sostener su estructura territorial con vistas a una futura candidatura.
La explicación generó cuestionamientos por la utilización de personal contratado en el Senado para tareas vinculadas con su proyección política provincial.
Ahora, con la venta del palacio, Abdala encontró un nuevo motivo para diferenciarse públicamente de Poggi.
El escenario tiene una particularidad: el actual gobernador mantiene una relación de cooperación política con la Casa Rosada, mientras que su eventual competidor integra La Libertad Avanza y ocupa uno de los cargos más importantes de la Cámara alta.
A esa disputa se suma otro protagonista conocido en la política puntana: Adolfo Rodríguez Saá, quien también anunció su intención de competir por la gobernación en 2027.
Un edificio centenario que tiene restricciones para su venta y remodelación
Más allá de la controversia política, el Palacio Lagomarsino posee una historia que explica parte de su valor.
Fue construido en 1920 por el arquitecto italiano Virgilio Colombo, reconocido por sus obras de estilo Art Nouveau en Buenos Aires.
La residencia cuenta con cuatro plantas, ascensor, vitrales, murales y numerosos detalles ornamentales que se conservan en buen estado.
El inmueble fue encargado originalmente por Carlos Lagomarsino, un inmigrante italiano dedicado a la fabricación de sombreros. Con el paso de las décadas, la propiedad cambió varias veces de manos y tuvo usos muy diferentes.
Funcionó como consultorio médico, albergó dependencias vinculadas con la Aeronáutica y también fue sede de una sucursal del Banco Interamericano Regional, entidad que quebró en 1980.
Finalmente, en 1984, durante el primer mandato de Adolfo Rodríguez Saá, el Gobierno de San Luis adquirió el edificio para instalar allí su representación en Buenos Aires.
Según fuentes cercanas al exmandatario citadas por Clarín, la provincia pagó entonces 340.000 dólares.
Actualmente, la propiedad cuenta con protección patrimonial de Nivel Estructural otorgada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Esto significa que un eventual comprador no podrá realizar modificaciones que alteren su estructura arquitectónica original ni ampliar libremente su superficie. Cualquier intervención deberá respetar las características históricas y ornamentales del edificio.
Estas condiciones también fueron consideradas en la tasación y forman parte de la información disponible para los interesados en participar de la subasta.
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