El abogado insistió en que el proceso está limitado y calificó el escenario como “la audiencia pública más loca del mundo”. Además, sostuvo que el formato elegido excluye a una gran parte de los interesados: “101 mil personas quedaron afuera”.
En ese contexto, también vinculó el debate ambiental con una crítica más amplia al modelo productivo. “Esto erosiona la democracia, pero el extractivismo es así porque a más extractivismo, menos democracia”, planteó, apoyándose —según dijo— en argumentos desarrollados en distintas obras de especialistas en la materia.
Denunciará a una senadora
El clima se tensó aún más con cruces fuera de micrófono con legisladores del oficialismo. En ese marco, Viale lanzó una ironía dirigida a la bancada libertaria: “No les pedimos que se ‘deslomen’, pero estírenla quince días porque podrían haber ido a las provincias a escuchar a la gente”.
También cuestionó el sentido de la reforma en discusión. “Lo peor de todo es que nos plantean que esta ley viene a impulsar la minería… pero la Ley de Glaciares tiene un inventario hecho por la ciencia que es lo que quieren destruir”, sostuvo.
En relación al nuevo esquema impulsado por el Gobierno y el Consejo de Mayo, el abogado advirtió que se delegarían decisiones clave en niveles administrativos bajos. Según afirmó, se busca que la definición sobre zonas protegidas quede en manos de “un funcionario de tercer nivel para poder ser destruido”.
Además, remarcó que el relevamiento actual del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) abarca apenas el 0,21% del territorio continental, y aseguró que la reforma “está hecha a medida de grandes trasnacionales mineras”.
En su exposición, Viale también apuntó directamente contra legisladores oficialistas: “Ustedes están trabajando para Vicuña quien se reunió dos veces con el presidente (Javier Milei) y que es de BHP, la que hizo el desastre en Brasil donde se rompió el dique y arrasó un pueblo entero”. En ese mismo sentido, agregó que el proyecto minero “consume dos litros por segundo durante 30 años”.
El abogado amplió sus cuestionamientos al mencionar a otras compañías del sector, como Glencore, BlackRock, el proyecto Mara y Río Tinto. Fue en ese contexto donde dirigió sus acusaciones hacia Royón:
“Ustedes saben que hay una senadora de Salta que representa a las mineras, Flavia Royón”.
Luego insistió: “Tiene una consultora que asesora a Río Tinto que es una de las principales beneficiadas por esto”. Y ratificó su decisión judicial: “mañana la estamos denunciado penalmente por incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”.
Sobre el cierre de su intervención, Viale también interpeló al diputado José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. “¿Usted tiene relación con proveedores mineros?”, le preguntó, y concluyó con una advertencia: “esto tiene nombre y apellido” y “la Ley de Glaciares no se toca”.
La respuesta del entorno de Royón
Tras la repercusión de las acusaciones, desde el entorno de la senadora buscaron aclarar la situación. Según fuentes del Senado, la consultora mencionada es Zelandez, donde Royón efectivamente prestó servicios.
Sin embargo, remarcaron que la actual legisladora renunció a esa actividad el 9 de diciembre de 2025, antes de asumir su banca en la Cámara alta.
La firma se define como “una empresa autosuficiente, rentable y con infinito potencial” y, en su sitio web, había presentado a Royón en julio de 2024 tras su paso por la Secretaría de Energía durante el gobierno del Frente de Todos y por el área de Minería en la gestión de Javier Milei. Allí se destacaba su “conocimiento del sector minero de litio argentino”.
Royón, que responde políticamente al gobernador salteño Gustavo Sáenz, integra el monobloque “Primero los Salteños” y forma parte de comisiones clave como Minería, Energía y Combustibles, además de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El episodio suma tensión a un debate ya atravesado por fuertes posiciones encontradas, donde se mezclan intereses económicos, cuestionamientos ambientales y acusaciones de vínculos entre la política y el sector minero.
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