Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el subsidio no tendrá tope de consumo: el beneficio se aplicará sobre la totalidad de la energía utilizada y reflejada en cada factura.
Según explicaron desde el entorno de Capitanich, el esquema busca contemplar la realidad climática del norte argentino, donde las altas temperaturas generan una demanda eléctrica mucho mayor durante gran parte del año.
El argumento detrás del proyecto de ley
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores sostienen que el Norte Argentino enfrenta una combinación de factores estructurales que justifican un tratamiento tarifario especial.
Entre ellos mencionan la baja penetración de la red de gas natural, las elevadas temperaturas, las viviendas con escasa aislación térmica y niveles socioeconómicos inferiores al promedio nacional.
“El acceso a la energía debe garantizarse en condiciones equitativas”, plantean los impulsores del proyecto, que además remarcan que muchas familias de la región dependen casi exclusivamente de la electricidad para climatizar sus hogares.
También advierten que el nuevo esquema nacional de subsidios dejó fuera a una gran cantidad de usuarios del Norte Grande, provocando un fuerte incremento en las boletas de luz.
Límites a futuros aumentos
Otro de los aspectos destacados de la propuesta es que fija límites a las futuras actualizaciones tarifarias.
Para los usuarios residenciales, los aumentos no podrán superar la variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), mientras que para las entidades de bien público el tope será el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).
Además, el proyecto contempla una alícuota de IVA del 0% para aquellos beneficiarios que no tengan acceso a red domiciliaria de gas natural.
Cómo se financiaría el régimen
El financiamiento del esquema estaría a cargo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, a través del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas.
Los recursos serían destinados a las distribuidoras eléctricas de cada provincia incluida en el régimen.
A su vez, el proyecto habilita al jefe de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación del sistema.
Control y aplicación
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Economía nacional, mediante la Secretaría de Energía.
El organismo tendría la responsabilidad de implementar el régimen, crear un registro público de beneficiarios y remitir informes trimestrales al Congreso con datos desagregados por provincia, categoría tarifaria y evolución de precios.
En paralelo, los entes reguladores provinciales deberán incorporar las nuevas tarifas a los cuadros vigentes y controlar que las distribuidoras apliquen correctamente los descuentos.
Las empresas tendrán un plazo máximo de 90 días desde la reglamentación de la ley para adaptar sus sistemas de facturación.
“Las tarifas crecieron muy por encima de los salarios”
En los fundamentos del proyecto, los senadores remarcaron que desde 2023 las tarifas eléctricas crecieron “muy por encima de la inflación y los salarios”, generando un impacto cada vez más difícil de afrontar para miles de familias del norte argentino.
Por eso, sostienen que un régimen diferencial permanente es “la vía más sólida para corregir inequidades estructurales” y garantizar un acceso más justo a un servicio considerado esencial.
_______________________________
Más noticias en Urgente24:
La batalla por las falsas denuncias llegó a la Justicia: Acusan a Carolina Losada de intimidar víctimas
El oficialismo vuelve al ataque en el Congreso mientras la oposición busca acorralar a Adorni
Crece la presión sobre Adorni: Insisten con los sobresueldos y creen que "Toda demora es para el dibujo"
