Presupuesto es presidida por Ezequiel Atauche, jefe del bloque libertario en la Cámara Alta. En tanto, Trabajo y Previsión Social tenía hasta el año pasado a la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero al frente, aunque su continuidad no está confirmada, lo que podría generar nuevas demoras administrativas.
Aún así, la composición de ambas comisiones no resulta favorable para el oficialismo. En Trabajo, al menos 11 de sus 17 miembros estarían en condiciones de respaldar la actualización jubilatoria, mientras que en Presupuesto el respaldo firme supera los 13 votos. Una vez que el dictamen esté firmado, el debate en el recinto será cuestión de días.
Votos asegurados, problemas para el Gobierno
Entre los apoyos confirmados se encuentran radicales como Martín Lousteau (CABA), Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa), además de senadores provinciales como Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Alejandra Vigo (PJ Córdoba), Natalia Gadano y José María Carambia (Santa Cruz). Desde el PRO, sólo Guadalupe Tagliaferri (alineada con Horacio Rodríguez Larreta) se expresó a favor.
Por ahora, Villarruel solo tiene agendada una sesión a fines de mes, en la que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindará su informe de gestión. Los legisladores ya enviaron sus preguntas y aguardan las respuestas para fijar la fecha. Si el oficialismo no consigue retener el proyecto en comisiones, ese encuentro podría convertirse también en el escenario de la votación final.
En paralelo, el Gobierno ya admite que no podrá impedir el quorum necesario para sesionar, ya que ni el kirchnerismo ni los bloques aliados muestran fisuras internas que permitan especular con ausencias estratégicas. De esta forma, la Casa Rosada queda frente a un nuevo conflicto institucional, donde el veto presidencial asoma como la última herramienta de Milei ante una derrota legislativa prácticamente inevitable.
Cabe recordar que, además de la actualización de las jubilaciones, el proyecto también establece el pago del bono actualizado a través de la Anses y contempla el tratamiento de la deuda con prestadores de servicios de salud y asistencia a personas con discapacidad.
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