Desde Corredores Viales remarcaron que ya se había advertido a los trabajadores sobre las consecuencias: “Si continúan con estas medidas extorsivas y desproporcionadas, se aplicarán sanciones disciplinarias que pueden incluir descuentos, pérdida del presentismo y despidos”, advirtieron.
El Gobierno no tolerará extorsiones
En ese sentido, la administración de Milei fue categórica: “El Estado Nacional no va a tolerar extorsiones de ningún tipo por parte de la casta sindical”. Aseguran que las acciones de SUTPA incluyeron tanto el levantamiento de barreras de peaje como la obstrucción del tránsito, generando largas filas de vehículos y complicaciones para miles de usuarios.
Además del perjuicio logístico, remarcaron el daño económico: al levantar las barreras, no solo se frena el cobro manual, sino también el sistema Telepase, lo que según estimaciones oficiales significó una pérdida diaria de más de $700 millones.
Protocolo de seguridad en peajes
Por otro lado, y ante la posibilidad de que se repitan bloqueos o interrupciones en rutas nacionales, el Gobierno confirmó que trabajará con fuerzas de seguridad en la implementación de un nuevo protocolo. El objetivo: evitar cortes, preservar el orden y garantizar la libre circulación.
La protesta del sindicato afectó de manera directa a carriles de la Autopista Riccheri, en dirección a la provincia de Buenos Aires. El tránsito colapsó en zonas claves como Tapiales, en horarios donde la circulación de camiones vinculados al Mercado Central es habitual.
SUTPA tomó esta decisión en medio de la preocupación por posibles despidos en los 10 tramos viales que formaban parte de la concesión vencida de Caminos del Río Uruguay, una situación que involucra a más de 500 trabajadores y que aún no tiene resolución definitiva.
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