Tabar explicó que fue convocado para contactar al mismo carpintero que ya había trabajado anteriormente en otra propiedad del matrimonio.
De acuerdo con su declaración, los trabajos se realizaron principalmente en el living y los dormitorios del inmueble. Entre los muebles encargados mencionó una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa para comedor diario, un vajillero, un rack para televisión, una consola, un espejo y otros elementos de mobiliario.
El contratista sostuvo además que esos encargos fueron realizados en diciembre y que los pagos se concretaron o terminaron de abonarse entre enero y febrero de este año.
El punto más delicado de su exposición fue otro:
afirmó que la totalidad de los $14 millones fueron entregados en efectivo y sin emisión de factura.
A raíz de esa declaración, Lijo ordenó peritar el teléfono celular del contratista. La medida apunta a revisar conversaciones mantenidas con Adorni, Angeletti y distintos proveedores para intentar verificar montos, fechas y modalidades de pago mencionadas en el expediente.
Pero la causa no se detiene ahí. En las últimas horas también declaró Leandro Miano, otro nombre que aparece en operaciones inmobiliarias bajo análisis judicial.
Miano llegó temprano a Comodoro Py y permaneció cerca de dos horas en los tribunales federales. Se retiró sin hacer declaraciones públicas.
El empresario mantiene vínculos comerciales con Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas acreedoras involucradas en otra de las operaciones investigadas.
Ambos están ligados a la firma TSJ Group, empresa desde donde se habría gestionado la compraventa de un semipiso ubicado sobre la calle Miró al 500.
Según trascendió, durante su declaración Miano ratificó la existencia de una deuda de 65.000 dólares que Adorni todavía mantendría pendiente por una inversión previa destinada a modernizar ese inmueble antes de concretar la compra.
Siempre de acuerdo a lo expuesto ante la Justicia, ese dinero habría sido aportado junto a Feijoo para poner en valor el departamento antes de que fuera adquirido por unos 230.000 dólares.
Miano también aseguró que quien llevó adelante las gestiones vinculadas a esa operación fue su socio.
Los testimonios incorporados al expediente señalan además que el jefe de Gabinete habría acordado devolver esos 65.000 dólares sin plazo determinado, sin intereses y sin documentación formal que respaldara la operación.
La investigación ya analiza otros movimientos económicos considerados sensibles por la fiscalía.
Según los números incorporados al expediente judicial, el matrimonio Adorni-Angeletti habría realizado gastos cercanos a los 365.000 dólares en propiedades durante los últimos dos años y medio.
En paralelo, también aparecen deudas superiores a los 335.000 dólares, la mayoría con vencimientos previstos para noviembre próximo.
El eje central de la causa apunta a determinar si el funcionario y su esposa cuentan con ingresos declarados suficientes para justificar el volumen de gastos, inversiones y compromisos económicos detectados en la investigación.
En ese contexto, todavía resta la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al año 2025 ante la Oficina Anticorrupción. El plazo legal vence el próximo 31 de julio.
Como una de las medidas más recientes, Lijo también ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y Angeletti ante ARBA para profundizar el análisis sobre su situación tributaria y patrimonial.
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