El número con el que la defensa busca cuestionar la condena
El informe analizó los desembolsos realizados entre 2009 y 2015 a través de la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional.
De acuerdo con el estudio encargado por la defensa, durante ese período se financiaron 367 obras correspondientes a 114 constructoras, con 3.855 certificados pagados por aproximadamente US$2.200 millones.
La defensa sostiene que solamente 17 de esas 367 obras estaban vinculadas con las empresas del Grupo Austral involucradas en la causa Vialidad: Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla y la Sucesión de Adelmo Biancalani.
Esas 17 obras representan el 4,63% del universo analizado.
Pero el dato sobre el que los abogados ponen especialmente el foco es el dinero desembolsado.
Según la auditoría, las compañías vinculadas al Grupo Austral recibieron por esas obras US$18,66 millones, equivalentes al 0,85% de los aproximadamente US$2.200 millones pagados mediante esa fuente presupuestaria durante el período estudiado.
Con esos números, la defensa intenta instalar una pregunta de fondo: si existió una estructura estatal diseñada para favorecer especialmente al empresario Lázaro Báez, ¿por qué las compañías vinculadas a su grupo habrían recibido una porción tan reducida del total analizado? Ese es el argumento que ahora pretenden llevar nuevamente a los tribunales.
Qué empresas aparecen arriba de Austral
La auditoría también elaboró un ranking de las constructoras que recibieron la mayor cantidad de fondos dentro del universo estudiado.
Y las compañías del Grupo Austral, siempre de acuerdo con el informe contratado por la defensa, no aparecen entre las 15 principales.
El primer lugar corresponde a IECSA, con el 16,36% del dinero analizado, alrededor de US$360 millones. Luego aparecen JCR, con 10,18%; Benito Roggio e Hijos, con 9,55%; José Cartellone Construcciones Civiles, con 9%; y Rovella Carranza, con 5,92%.
Los abogados también sostienen que la participación de las empresas vinculadas a Báez fue disminuyendo con el paso de los años: habría representado 1,63% de los pagos en 2009 y 3,26% en 2010, para caer al 0,18% en 2011 y directamente a cero entre 2012 y 2015.
Ahora bien, hay una distinción fundamental: estos números forman parte de un informe encargado por la propia defensa de Cristina Kirchner. Su existencia no implica por sí misma que la condena haya quedado desacreditada ni que la Justicia haya aceptado la interpretación realizada por los abogados.
Precisamente eso es lo que la defensa pretende discutir en una nueva instancia.
Por qué creen que esto puede beneficiar a Cristina Kirchner
Beraldi sostiene que estos datos permiten cuestionar el peso que tuvo durante el proceso judicial la relación entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
La estrategia consiste en confrontar la hipótesis sobre el direccionamiento de recursos estatales hacia el empresario santacruceño con el peso que sus compañías tuvieron dentro del conjunto de desembolsos analizados en la nueva auditoría.
Para los abogados, la diferencia entre ambas cosas sería lo suficientemente importante como para pedir una revisión.
“Fue mal condenada”, aseguró Beraldi.
El objetivo final no es solamente discutir nuevamente el expediente. La defensa quiere suspender los efectos de la sentencia mientras se analiza el planteo, algo que tendría consecuencias políticas inmediatas.
El objetivo: libertad e inhabilitación
Cristina Kirchner cumple actualmente una condena de seis años de prisión bajo la modalidad domiciliaria y tiene además una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Sus abogados quieren atacar ambos efectos. La estrategia tiene también una pata internacional. Beraldi brindó la conferencia acompañado por el abogado brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, quienes trabajan en la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Allí solicitaron tres medidas: suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos, revisar las condiciones bajo las cuales Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria y plantearon cuestionamientos sobre la actual composición de la Corte Suprema.
La defensa espera una definición del comité de la ONU para octubre y posteriormente pretende trasladar la discusión nuevamente a los tribunales argentinos.
¿Cristina podría quedar en libertad?
Esa es precisamente una de las consecuencias que buscan sus abogados, aunque no es algo automático ni depende únicamente de la presentación de la nueva auditoría.
Beraldi explicó que la intención es promover un recurso de revisión y, simultáneamente, solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el planteo de fondo.
“Con la mera interposición del recurso de revisión se podría pedir el freno de la ejecución de la sentencia”, sostuvo. Según el abogado, un tribunal podría suspender temporalmente los efectos de la condena hasta resolver si corresponde o no revisarla.
La apuesta de la defensa es ambiciosa: no solamente pretende modificar las condiciones de detención de Cristina Kirchner, sino conseguir que finalmente caiga la condena y también la inhabilitación perpetua. Y allí aparece inevitablemente el factor 2027.
Consultado sobre una eventual candidatura de la expresidenta, Beraldi no escondió el objetivo político que tendría una resolución favorable: “Nuestro propósito es que la condena caiga y que Cristina reanude sus actividades políticas”.
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