Según explicó el legislador, el objetivo central es crear herramientas transparentes que permitan cerrar situaciones pendientes y avanzar con mayor previsibilidad en materia de infraestructura pública.
“Se trata de una medida concreta para sanear la obra pública y brindar la previsibilidad que Argentina necesita para crecer”, afirmó el senador libertario.
Obra pública frenada
La propuesta también busca reducir la incertidumbre administrativa que, según remarcan desde el oficialismo, viene afectando desde hace años la ejecución de distintos proyectos de infraestructura.
En ese contexto, Fullone hizo especial foco en la situación de Río Negro y relacionó la necesidad de regularizar contratos con el crecimiento energético que atraviesa la región patagónica.
El senador advirtió que varias rutas nacionales estratégicas continúan afectadas por obras paralizadas y sostuvo que eso representa un freno directo para el desarrollo económico provincial.
“En Río Negro, la parálisis de contratos en rutas como la 22, la 23 y la 151 es un obstáculo para el crecimiento”, señaló.
Además, remarcó que la falta de infraestructura adecuada impacta directamente sobre la producción, la logística y las inversiones vinculadas al sector energético.
“Para que las inversiones se transformen en trabajo genuino, necesitamos rutas seguras y previsibles”.
Proyecto enmarcado en la idea del mileismo
Desde La Libertad Avanza aseguran que el proyecto se enmarca dentro de la estrategia impulsada por el Gobierno nacional para avanzar hacia un Estado más eficiente y con menos trabas burocráticas.
En ese sentido, Fullone planteó que la iniciativa busca acompañar el crecimiento productivo y facilitar una mayor participación de la inversión privada.
“Estamos transformando un Estado que antes era un obstáculo en uno que facilite la inversión privada”, afirmó.
La propuesta comenzará ahora su recorrido legislativo en el Senado, donde el oficialismo intentará sumar respaldos para avanzar con una reforma que busca resolver conflictos administrativos acumulados durante años y destrabar obras que continúan frenadas en distintas regiones del país.
No hay plata
La iniciativa presentada en el Senado se da en un contexto marcado por el fuerte recorte de la obra pública impulsado por el gobierno de Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada. Con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal y reducir el gasto estatal, la administración nacional decidió paralizar gran parte de los proyectos de infraestructura financiados por el Estado nacional.
Bajo la consigna de “no hay plata”, el oficialismo modificó el esquema histórico de ejecución de obras públicas y comenzó a avanzar hacia un modelo con mayor participación del sector privado.
En ese marco, miles de proyectos quedaron frenados en distintas provincias del país. A mediados de 2025, distintos relevamientos ya reportaban más de 1.400 obras nacionales sin avances, muchas de ellas vinculadas a rutas, viviendas, saneamiento e infraestructura urbana.
Desde el Gobierno sostienen que aquellas obras con viabilidad económica deben ser ejecutadas mediante inversión privada. Esa lógica ya comenzó a aplicarse en sectores estratégicos como el vial, donde el Ejecutivo impulsa licitaciones privadas para el desarrollo y mantenimiento de unos 10.000 kilómetros de rutas nacionales.
Al mismo tiempo, la Nación trasladó parte de la responsabilidad financiera a provincias y municipios, que ahora deben buscar recursos propios o mecanismos alternativos para finalizar proyectos que quedaron inconclusos tras el retiro del financiamiento nacional.
Pese al freno generalizado, el Ejecutivo sí autorizó algunas inversiones puntuales a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), especialmente en proyectos considerados estratégicos para energía, logística e infraestructura clave.
En ese escenario, el proyecto impulsado por el senador Enzo Fullone busca ordenar contratos paralizados y dar una salida administrativa a expedientes que continúan frenados desde hace años.
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