En una primera etapa, los investigadores identificaron ingresos lícitos por aproximadamente $229,7 millones, frente a egresos y operaciones patrimoniales por $272,8 millones. La diferencia superaba los $43 millones y requería una explicación.
A ese desfasaje se sumaron movimientos en moneda extranjera por más de 402.000 dólares, de los cuales alrededor de 374.000 dólares habían sido utilizados en efectivo.
También surgieron interrogantes sobre préstamos familiares, pagos realizados mediante terceros, operaciones con criptomonedas y diferencias entre la información presentada ante distintas plataformas y organismos oficiales.
Frente a ese escenario, Pollicita exigió al exfuncionario que justificara una veintena de puntos vinculados con su situación patrimonial.
La investigación buscaba determinar si esas operaciones podían explicarse mediante ingresos legítimos o si existía un incremento de riqueza incompatible con los recursos declarados durante su desempeño en el Estado.
Los Bitcoin que cambiaron el rumbo de la investigación
Uno de los elementos centrales para el cambio de criterio fue la explicación que presentó la defensa de Adorni sobre el origen de una parte importante de sus fondos.
Según su descargo, presentado el 20 de septiembre, el dinero provenía principalmente de la liquidación de Bitcoin vinculados con ocho direcciones digitales que habían registrado actividad entre 2014 y 2018.
La defensa sostuvo que esas operaciones se realizaron varios años antes de que Adorni ingresara al Gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023.
El argumento resultó relevante porque el delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento patrimonial injustificado se produzca durante el ejercicio de la función pública o dentro del período posterior previsto por la ley.
En este caso, la fiscalía señaló que las pruebas reunidas no permitieron descartar que el capital principal se hubiera formado antes de la llegada de Adorni al Estado.
Tampoco logró establecer una relación entre los fondos investigados y alguna decisión, contraprestación o actividad ilícita vinculada con su desempeño como funcionario.
Por ese motivo, Pollicita consideró que no estaban dadas las condiciones para continuar sosteniendo la hipótesis de enriquecimiento ilícito.
La causa no se cierra: La Justicia investigará una posible evasión fiscal
Pese a esa conclusión favorable para Adorni respecto de la acusación original, el fiscal dejó expresamente aclarado que su decisión no significa que todas las operaciones patrimoniales hayan quedado justificadas desde el punto de vista legal.
De hecho, el dictamen advierte que la ausencia de elementos para configurar enriquecimiento ilícito no impide investigar otras posibles conductas delictivas.
Entre los aspectos que todavía podrían ser examinados aparecen las declaraciones rectificativas de bienes, la utilización de importantes sumas de dinero en efectivo, las operaciones con activos digitales y las diferencias entre la información patrimonial presentada ante organismos públicos y plataformas financieras.
La fiscalía entiende que estos hechos podrían tener un encuadre más adecuado dentro de la legislación penal tributaria.
Por eso, Pollicita solicitó que la Justicia federal se declare incompetente y remita las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde deberá determinarse si corresponde avanzar con una investigación por presunta evasión de impuestos.
Así, Adorni consiguió un pronunciamiento favorable frente a la sospecha de enriquecimiento ilícito, pero su situación judicial continúa abierta. El próximo interrogante ya no estará centrado necesariamente en si acumuló riqueza ilegalmente desde el Estado, sino en si el origen, la declaración y el tratamiento tributario de sus fondos se ajustaron a la ley.
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