Adorni sostiene que aquellas inversiones explican buena parte de los dólares que posteriormente utilizó para afrontar distintos gastos, entre ellos operaciones inmobiliarias, refacciones y viajes.
La particularidad es que se trata de billeteras de autocustodia. A diferencia de las cuentas abiertas en exchanges centralizados, esas direcciones no llevan asociado públicamente el nombre y apellido de su propietario. Por eso, uno de los desafíos de la investigación consiste justamente en comprobar que Adorni tenía efectivamente el control de esas cuentas en los períodos que señaló su defensa.
Para respaldar su versión, el exjefe de Gabinete entregó las claves privadas correspondientes dentro de un sobre cerrado y lacrado.
Ahora la Fiscalía quiere ir un paso más allá.
El fiscal pide una prueba técnica para comprobar las billeteras
Pollicita pretende realizar una verificación criptográfica sobre las ocho direcciones informadas por la defensa.
El procedimiento previsto contempla la participación del abogado de Adorni, Matías Ledesma, y de un perito de parte. A través de una computadora y utilizando una billetera compatible, la defensa deberá demostrar el control sobre cada dirección mediante la firma digital de un mensaje proporcionado durante el procedimiento.
Luego intervendrán especialistas para verificar criptográficamente esas firmas.
En términos simples, la prueba apunta a determinar si Adorni efectivamente controla las claves privadas correspondientes a las ocho direcciones de Bitcoin que presentó ante la Justicia.
Pero esa comprobación es solo una parte del análisis. Los investigadores también buscan reconstruir la trazabilidad de los fondos y establecer si los movimientos, fechas y montos coinciden con la historia patrimonial relatada en el descargo.
La explicación de Manuel Adorni
La defensa sostiene que las inversiones son anteriores a la llegada de Adorni al Estado y que, por lo tanto, constituyen un patrimonio preexistente a su paso por la función pública.
Según la presentación judicial, las operaciones con Bitcoin terminaron generando USD 591.544,61. Parte de ese dinero habría sido conservado durante años en efectivo y fuera del sistema bancario.
El argumento central es que esos fondos permiten explicar las erogaciones que posteriormente quedaron bajo análisis de la Justicia.
“Quien pretende ocultar un enriquecimiento no publica sus direcciones de criptoactivos ante decenas de miles de seguidores”, sostuvo la defensa en uno de sus argumentos.
Además, planteó que las inversiones fueron realizadas mucho antes del ingreso de Adorni al Gobierno y que permiten explicar cómo afrontó las operaciones patrimoniales cuestionadas durante la investigación.
Los números que mira la Fiscalía
El análisis judicial, sin embargo, no se limita a las criptomonedas.
De acuerdo con los cálculos incorporados a la investigación, durante el período bajo estudio el grupo familiar habría contado con recursos lícitos por $229.752.283,20, mientras que los gastos relevados ascendieron a $272.820.832,20.
La diferencia señalada por la Fiscalía es de poco más de $43 millones.
Entre las erogaciones analizadas aparecen consumos con tarjetas, impuestos, servicios, seguros, expensas, viajes y compras, además de operaciones inmobiliarias y refacciones.
La defensa discute esos cálculos y sostiene que el patrimonio puede ser explicado a partir de los ahorros acumulados previamente y, especialmente, de las ganancias obtenidas con Bitcoin.
Será justamente esa versión la que Pollicita pretende poner a prueba con las nuevas medidas.
La investigación irá todavía más atrás
El fiscal también decidió ampliar la reconstrucción patrimonial del matrimonio integrado por Adorni y Bettina Angeletti.
La defensa había explicado que el capital utilizado para comenzar las inversiones provenía de ahorros familiares acumulados durante años de actividad profesional. Frente a ese argumento, Pollicita busca reconstruir los ingresos y bienes desde el comienzo de la vida económica de ambos.
Por ese motivo, pidió información a la ANSES sobre historia laboral, empleadores, remuneraciones, aportes y eventuales actividades como autónomos o monotributistas.
También requirió datos a los registros de la propiedad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires para conocer inmuebles, fechas de adquisición o venta y otra documentación vinculada.
A su vez, solicitó información sobre eventuales participaciones del matrimonio en sociedades, asociaciones o fundaciones.
La lógica detrás de estas medidas es reconstruir cómo se habría formado el capital que, según la defensa, permitió comenzar a comprar Bitcoin años antes de que Adorni ingresara a la función pública.
Las cripto, una pieza clave para lo que viene
El expediente entra así en una instancia particularmente técnica. La discusión ya no pasa solamente por lo que Adorni declaró sobre su patrimonio, sino por la posibilidad de comprobar con evidencia independiente la historia financiera que presentó ante la Justicia.
La defensa sostiene que los casi USD 600 mil obtenidos con Bitcoin permiten explicar buena parte del crecimiento patrimonial investigado. La Fiscalía, antes de aceptar o descartar esa explicación, quiere verificar las billeteras, reconstruir los movimientos y revisar cómo se originó el dinero utilizado inicialmente para adquirir las criptomonedas.
Una vez completadas esas medidas, Pollicita deberá evaluar si el descargo alcanza para despejar las inconsistencias detectadas o si corresponde avanzar en la causa.
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