La esperanza de Argentina para hacer frente en la próxima década a su deuda se basa en una eventual explosión de exportaciones de minerales e hidrocarburos.
La renta extraída al campo en Argentina, el recorte de fondos a las provincias y el feroz ajuste sobre haberes de jubilados ya no serán suficientes para garantizar el superávit fiscal y pago de la deuda pública.
Los libertarios creen que la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones podría ampliar la capacidad recaudatoria de Balcarce 50 y las provincias. Eso, nos ayudaría en teoría a sobrellevar una carga que no tiene precedentes para la economía local.
Este economista, uno de los principales investigadores de la deuda externa de nuestro país, le dijo a Urgente24.com:
Alejandro Olmos Gaona añadió:
"El superávit fiscal anunciado por el Poder Ejecutivo Nacional se ha logrado licuando jubilaciones, frenando la obra pública y quitándole recursos a los gobernadores. Para colmo, esos sobrantes no van a un gasto productivo sino también a "honrar" a nuestros acreedores" agregó Olmos.
Empeora el presente cuadro el hecho de que Argentina lleve (de manera inédita) dos años consecutivos sin presupuesto nacional. Esto permite al gobierno nacional la reasignación de las partidas "a piacere".
"El Decreto de Necesidad y Urgencia que se ha votado para acordar con el Fondo Monetario Internacional no tiene marcha atrás aunque sea inconstitucional. He escuchado a algunos legisladores de la oposición decir que se podía revertir ese instrumento y dictar la nulidad, Sin embargo, el FMI no puede ser citado como institución a ningún tribunal internacional. No existe posibilidad jurídica de hacer algo semejante. Es una trampa en la que nos metieron. Hay que pagar o renegociar" agregó el investigador.
En lugar de convocar a un amplio acuerdo a las restantes fuerzas partidarias para hacer frente al posible tsunami que se avecina, La Libertad Avanza optó por un DNU discrecional que elude al parlamento y mantiene en la opacidad una serie de datos relevantes sobre lo acordado.
¿Alguien firmaría en una entidad crediticia un crédito en el cual no conoce su monto, ni su plazo, ni su tasa de interés a la hora de tomarlo? Seguramente, no.
Sin embargo, es lo que votaron esta semana 129 diputados nacionales en el recinto.