En esta oportunidad, la legisladora denunció a Karina Milei y a quienes pudieran haber intervenido en el proceso por los delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Licitaciones en la mira
La contratación observada corresponde al servicio de “mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes” de la residencia presidencial de Olivos y de la Casa de Gobierno.
El monto total de la licitación asciende a aproximadamente 700 millones de pesos.
El eje de la denuncia está puesto en las empresas que se presentaron como oferentes. De acuerdo con la presentación judicial, participaron “La Mantovana de Servicios Generales SA” y “Grub SA”, firmas que, según Pagano, pertenecen al mismo grupo empresario: Grupo Buena Vista SA.
Para la diputada, esa situación habría eliminado la competencia real dentro del proceso licitatorio. En la denuncia sostuvo que se habría montado “una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay”, lo que -según argumentó- podría haber afectado el precio final pagado por el Estado.
Además, la presentación cita antecedentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Según se indicó, ese organismo había advertido en septiembre de 2024 que ambas compañías compartían el mismo control societario. Sin embargo, en ese momento las actuaciones administrativas fueron cerradas porque no se detectaron irregularidades formales.
La Justicia no para de investigar al Gobierno
Pagano sostuvo en su escrito que la Secretaría General de la Presidencia tenía la obligación de verificar la independencia económica entre los oferentes y garantizar que existiera una competencia genuina dentro del procedimiento.
Mientras tanto, el fiscal González evitó avanzar apresuradamente y pidió reunir primero toda la documentación vinculada a la contratación. En su dictamen señaló que todavía se desconoce el estado actual de la licitación y que resulta necesario analizar el trámite completo antes de decidir si corresponde impulsar una causa penal.
Con esa información en mano, la fiscalía deberá resolver en los próximos días si considera que existen elementos suficientes para abrir formalmente una investigación judicial sobre el rol de Karina Milei y el desarrollo de la contratación cuestionada.
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