En paralelo, según los denunciantes, habría mantenido relaciones con firmas privadas del sector. Entre ellas, la empresa Zelandez —dedicada a servicios tecnológicos e hidrogeológicos para proyectos mineros— y la consultora Minenco SAS.
De acuerdo con la denuncia, Royón habría integrado el directorio de Zelandez y tenido un rol relevante en Minenco, compañías que asesoran a proyectos de litio y otros minerales en distintas provincias.
Proyectos bajo análisis y posible beneficio económico
El escrito menciona emprendimientos mineros en Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan, impulsados por grandes empresas internacionales. Según la acusación, varios de estos proyectos se encuentran limitados por la actual Ley de Glaciares y podrían verse favorecidos por la reforma.
Uno de los puntos más sensibles del planteo es un aspecto técnico del proyecto aprobado por el Congreso. La modificación permite excluir ciertas geoformas del régimen de protección cuando estudios “técnico-científicos” determinen que no cumplen funciones hídricas relevantes.
Para los denunciantes, ese criterio coincide con los servicios que presta la empresa Zelandez, lo que —según sostienen— podría implicar un interés económico directo en la modificación de la norma.
Posibles incumplimientos legales por parte de Flavia Royón
Además de los delitos penales, la presentación señala un presunto incumplimiento de la Ley de Ética Pública. Esa normativa prohíbe a los funcionarios intervenir en asuntos donde tengan intereses personales o vínculos recientes con empresas involucradas.
En ese sentido, remarcan que Royón no se excusó ni del debate ni de la votación de la ley.
También se cuestiona la presentación de su declaración jurada patrimonial. Según la denuncia, no hay registros completos que acrediten el cumplimiento de todas las obligaciones formales, lo que —para la entidad— refuerza las sospechas sobre posibles intereses no declarados.
Qué puede pasar ahora
El expediente quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá definir si impulsa la investigación.
En el escrito, los denunciantes solicitaron una serie de medidas de prueba, entre ellas pedidos de información a organismos públicos, consultas a registros societarios, informes a la AFIP y al Senado, y posibles allanamientos en las empresas mencionadas.
La causa, si avanza, podría abrir un nuevo frente de conflicto político y judicial en torno a la relación entre funcionarios públicos y el sector minero, en un momento donde la explotación de recursos naturales vuelve a estar en el centro del debate. Por su parte, desde el entorno de la senadora aseguran que todas las acusaciones son falsas.
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