La creación del fondo fue anunciada anoche por el Presidente desde la residencia de Olivos, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof e intendentes oficialistas y de la oposición de distintos municipios, en el marco de las protestas de efectivos policiales bonaerenses en demanda de mejoras salariales y laborales.
El artículo 1 del decreto establece que "a partir de la entrada en vigencia del presente y hasta la aprobación por parte del Congreso de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponde" a esa jurisdicción por coparticipación "se fija en un coeficiente equivalente al 2,32% sobre el monto total recaudado".
El artículo 2 precisa que, "a partir de la aprobación por parte del Congreso de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad", la participación que le corresponde a la Ciudad se "fijará en un coeficiente equivalente al 1,40% sobre el monto total recaudado".
Las transferencias serán realizadas a través del Banco Nación en forma diaria y automática, indica el artículo 3 de la norma.
En los considerandos, se indica que la medida cumple con "la manda constitucional de proveer al crecimiento armónico de la Nación, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones".
El miércoles 9/9, el Poder Ejecutivo explicó que la medida buscará "reponer un equilibrio" que la Provincia de Buenos Aires "perdió a mediados de los '80, cuando cedió 8 puntos de coparticipación federal".
El fondo se financiará con el porcentaje de los recursos coparticipables adicionales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba recibiendo para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal, dispuesto en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri.
Ante esto, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta prepara un anuncio para este jueves que incluiría una presentación judicial (se habla de un amparo) contra el decreto presidencial.
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