La propuesta busca retrotraer el esquema al régimen establecido por el Decreto 510/2023 y suspender por dos años un artículo que, según Cisneros, fue objetado incluso por los propios clubes debido al desequilibrio financiero que genera.
La AFA del Chiqui Tapia también salió al cruce
En paralelo a la iniciativa parlamentaria, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un durísimo comunicado donde acusó al Gobierno de utilizar "mentiras" para justificar una medida que, a su entender, persigue un fin político: “Presionar a los clubes, entidades sin fines de lucro, para que acepten la implementación de las SAD”.
El texto, titulado “La mentira, a la orden del día. La única verdad es la realidad”, realiza un repaso del régimen especial vigente desde 1978 para los aportes previsionales del fútbol profesional, basado no en salarios individuales sino en ingresos por partidos, televisación, transferencias y sponsoreo.
Según la AFA, el nuevo esquema rompe unilateralmente con los acuerdos previos y desconoce incluso las propuestas formuladas por los propios clubes y la entidad.
“Habíamos planteado un aumento razonable para cubrir el déficit, incluso con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero el Estado no respondió”, explicaron.
Un fallo judicial que complica al Gobierno
A fines de julio, la Justicia federal falló parcialmente a favor de la AFA y prorrogó por seis meses la vigencia del Decreto 510/23. No obstante, el Ministerio de Capital Humano avanzó de todos modos con la nueva disposición, que comenzará a regir desde este 1° de agosto.
“El Ministerio impuso una alícuota del 5,56% que no había sido discutida ni consensuada en el Comité conformado por el Estado, AFA y los clubes”, denunció la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Y agregó que el fútbol profesional fue uno de los pocos sectores que mantuvo a sus empleados registrados, con obra social y cobertura de riesgos laborales, incluso en los peores momentos económicos.
Cisneros no está solo en su embestida contra la medida. Desde el Congreso, algunos bloques de la oposición moderada anticipan que podrían respaldar el proyecto si el Gobierno no retrocede o no habilita una nueva instancia de diálogo con los clubes. A eso se suman las críticas del propio ecosistema del fútbol profesional, donde varios dirigentes ya expresaron en privado su preocupación por el impacto económico y político de la medida.
“El Congreso tiene la obligación de defender a las instituciones que sostienen el tejido social. Esto no es solo fútbol: es educación, inclusión y comunidad”, concluyó Cisneros.
El proyecto completo a continuación:
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