La norma abarcará gestiones vinculadas a:
- elaboración o modificación de leyes y políticas públicas;
- contrataciones, licencias o concesiones;
- beneficios fiscales o subsidios;
- designaciones y procesos institucionales.
El texto aclara que no estarán alcanzadas las actividades periodísticas, académicas o científicas, siempre que no busquen influir directamente en una decisión específica. Tampoco quedarán incluidas las audiencias públicas o el ejercicio individual del derecho de peticionar ante las autoridades.
La propuesta del Gobierno: Registro obligatorio de lobbistas
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses.
Toda persona física o jurídica que quiera realizar lobby ante funcionarios nacionales deberá inscribirse previamente y declarar a quién representa, qué intereses defiende y sobre qué temas pretende influir.
Además, deberán informar:
- clientes o beneficiarios finales;
- actividad económica;
- si actúan de forma gratuita u onerosa;
- si representan intereses extranjeros.
Cada gestor recibirá un número identificatorio y los funcionarios no podrán mantener reuniones con personas no registradas. Si el contacto ocurre de manera espontánea, el funcionario deberá cortar la interacción hasta que la inscripción sea regularizada.
Qué funcionarios estarán obligados
La ley alcanzará al Presidente, Vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios, legisladores nacionales y funcionarios con capacidad de decisión o influencia relevante. También incluirá asesores y colaboradores que mantengan reuniones o contactos en representación de funcionarios.
Todos ellos deberán registrar las reuniones o contactos vinculados a gestión de intereses dentro de los cinco días hábiles posteriores.
La información publicada deberá incluir:
- fecha y lugar del encuentro;
- participantes;
- organismo involucrado;
- tema tratado;
- interés representado;
- síntesis de la reunión.
- Los registros serán digitales, gratuitos y de acceso público.
- El foco sobre intereses extranjeros
Uno de los capítulos más sensibles del proyecto regula específicamente la representación de intereses extranjeros.
Las personas o empresas que actúen en nombre de gobiernos, compañías o actores extranjeros deberán declararlo expresamente al momento de registrarse y en cada gestión realizada ante funcionarios nacionales.
Además, la autoridad de aplicación podrá exigir reportes especiales cuando existan razones vinculadas a defensa nacional, seguridad interior, inteligencia o relaciones exteriores.
Incompatibilidades y “puerta giratoria”
El proyecto también incorpora restricciones para evitar conflictos de interés.
Los funcionarios públicos no podrán actuar como gestores de intereses mientras ocupen cargos en el Estado.
A su vez, quienes hayan dejado la función pública tendrán prohibido hacer lobby durante dos años ante el organismo donde trabajaban o sobre temas en los que hayan intervenido durante su gestión.
La restricción también alcanzará a empresas vinculadas a esos exfuncionarios.
Multas, sanciones y penas de prisión
La iniciativa establece sanciones administrativas y penales para quienes incumplan el régimen.
Entre las sanciones previstas figuran:
- apercibimientos;
- multas de hasta 500 salarios mínimos;
- suspensión;
- inhabilitación definitiva para ejercer como gestor de intereses.
- En casos vinculados a ocultamiento de intereses extranjeros o reincidencia, las multas podrán elevarse hasta 2.000 salarios mínimos.
El proyecto también incorpora delitos penales específicos.
Quien realice lobby sin estar inscripto podrá recibir penas de entre seis meses y dos años de prisión.
Además, habrá penas para quienes oculten deliberadamente beneficiarios finales o representen intereses extranjeros sin declararlo, especialmente en temas vinculados a seguridad, defensa, infraestructura crítica o recursos naturales.
Los fundamentos del Gobierno
En el mensaje enviado al Congreso, el Ejecutivo sostiene que la regulación del lobby es una “herramienta para construir una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
El oficialismo afirma que la iniciativa no busca limitar el derecho de peticionar ante las autoridades, sino ordenar y transparentar las interacciones entre el sector público y privado.
“El Estado transparente se construye con reglas claras que limiten el poder y expongan su ejercicio al control público”, sostiene el texto firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y funcionarios del Ejecutivo.
Según el Gobierno, la ausencia de controles claros sobre el lobby generó históricamente “espacios de opacidad” que afectaron la confianza pública y favorecieron privilegios indebidos en la toma de decisiones.
El proyecto completo a continuación
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